Congreso de UnTER definió Unidad ante el golpe institucional a la educación


 

Comunicados de Prensa CCCXXI Congreso Extraordinario UnTER relizado en Las Grutas el 20 de septiembre

El Congreso de UnTER repudia las expresiones del Ministro de Educación Esteban Bullrich, en el marco de la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria en Choele Choel, el pasado 15 de septiembre. Su posicionamiento es ofensivo hacia el pueblo de Río Negro en particular y de la Patagonia en general. Evidentemente, el ministro piensa y actúa en un todo de acuerdo con su clase, proveniente de la más rancia oligarquía que construyó su poder a partir del avasallamiento de derechos de pueblos enteros, que fueron exterminados física y socialmente, primero con el fusil después impidiéndoles sostener su identidad prohibiéndoles el uso de su lengua, religión y costumbres.

Entre las familias patricias que se beneficiaron con la avanzada sangrienta de Roca, estaban los Bullrich. Hoy, uno de sus descendientes, Esteba José, ocupa el cargo de Ministro de Educación y Deportes de la República Argentina, por ello es casi lógico que la reivindique, pero no se puede admitir ni justificar que se mantenga al frente de esta cartera.

La campaña al desierto, financiada por los hacendados, implementada por el ejército y usufructuada por el capital extranjero fue una herramienta del llamado “Proceso de Construcción Nacional”, no es casual que el golpe genocida iniciado el 24 de marzo de 1976, tomara como nombre “Proceso de Reorganización Nacional”, la misma ideología, los mismos cómplices civiles, la misma metodología para la tortura y el exterminio.

Sus víctimas fueron estudiantes como los integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, secuestrados el 16 de septiembre de 1976, en La Plata, quienes luchaban por el boleto estudiantil gratuito, y eran  militantes en organizaciones juveniles que trabajaban en los sectores populares.

También fueron perseguidos obreros como Jorge Julio López, quien logró sobrevivir. Durante 30 años guardó en su memoria recuerdos del horror hasta que pudo relatarlos en el juicio a Etchecolatz, responsable además, del operativo de La noche de los lápices. Con su testimonio el genocida fue condenado a prisión perpetua, pero pagó el costo, lo volvieron a desaparecer, esta vez en democracia. Hace 10 años que exigimos aparición con vida de López, juicio y castigo a los responsables de su segunda desaparición.

Pasaron 40 años, recuperamos la democracia, pero no logramos detener el avasallamiento de derechos conquistados. Nos mantenemos en alerta frente a todo avance contra la clase trabajadora. Hoy adherimos a la lucha de los trabajadores de la MCC Minera Sierra Grande que realizan un paro por reclamos salariales, denunciando el incumplimiento de la empresa del acuerdo paritario.

Acompañamos los justos reclamos de los compañeros de ATE Desarrollo Social quienes sostienen una retención de servicios por el hostigamiento permanente que sufren trabajadores/as becados/as.

Exigimos el pleno derecho a la información y la libertad de expresión, por ello nos solidarizamos con los compañeros/as despedidos del Diario Noticia de la Costa y repudiamos el intento de silenciar la Super Digital de Roca-Fiske Menuco, por parte del gobierno provincial que los intimó a desarmar la antena receptora ubicada en el predio de Canal 10, además de quitarles toda pauta oficial lo que implica el ahogo económico y el riesgo del cierre.

Persecuciones, despidos, pérdidas de derechos son síntomas de que vivimos en un sistema de exclusión, generador de violencias cotidianas, que pone un arma en la mano de los jóvenes que amenazan a compañeras/os del CEM 39 de Sierra Grande. Violencias impunes, se llevan a nuestras niñas como Otoño Uriarte, para quien reclamamos justicia desde hace una década.

Sin embargo, para nuestros jóvenes, no todo es dolor, por eso hoy celebramos las dos medallas paraolímpicas de Nicolas Aravena, de Allen que estudió en las Escuela Especial 2 y Laboral 13. Su ejemplo de lucha y perseverancia nos insta a seguir creyendo que la escuela pública enseña tanto como potencia las capacidades que concretan nuevos sueños.

Como representantes de trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos la plena certeza que en cada espacio que sea necesario debemos dar el debate, fundamentalmente cuando lo que está en juego es la formación de esta y las futuras generaciones bajo el paradigma del reconocimiento de las identidades, la diversidad, en el marco de memoria, verdad y justicia.

Repudiamos el golpe institucional y pedagógico a la educación rionegrina 

El CCCXXI Congreso Extraordinario de UnTER, denuncia la política de persecución y disciplinamiento definida por la patronal y concretada por sus funcionarios/as para dividir al colectivo docente, provocar enfrentamientos con la comunidad y desvirtuar la realidad que atraviesa al conjunto de trabajadoras y trabajadores.

Frente al plan de lucha docente, el gobierno optó los buenos oficios de sus acólitos, en su intento de debilitar la lucha, pero cada acción que realiza debe desestimarla pues es insostenible, así debió bajar del aire un spot mentiroso y mal intencionado, sobre salarios docentes, que multiplicó hasta el hartazgo, despilfarrando los recursos de miles de rionegrinos/as, que bien podrían invertirse en provisión de insumos, transporte y comedores.

Sumado a esto, se reflotan resoluciones punitivas para obligar a los equipos directivos que denuncien a sus compañeros/as que adhirieron al paro. Desconocen al Cuerpo Colegiado en el CPE, obstaculizando el trabajo de nuestros representantes sindicales, impiden o retacean información fundamental para resolver problemáticas de compañeros/as y comunidades educativas.

El ministerio, alineado con el gobierno nacional, pretende implementar le Plan Nacional de Evaluación Docente con un claro propósito punitivo, porque manipulará los resultados hasta que le permitan justificar pagarnos por productividad. Como así también al plan de ajuste que limita la creación de cargos, y bajo la excusa de implementar la Nueva Escuela Secundaria Rionegrina emite resoluciones unilaterales que precarizan el trabajo docente, modifican condiciones laborales y anticipa despidos encubiertos.

En este marco de persecución y disciplinamiento, la patronal, tiene cómplices que lamentablemente alguna vez se decían parte de la UnTER como la supervisora Maria Nicosia Sardi salvada de sus errores por varios gobiernos; Analía Soriano, buena consumidora del régimen de licencias cuando estaba frente a curso, hoy como funcionaria, impide a docentes el acceso a la atención de salud que necesitan y les corresponde por derecho.

También Vanessa Ruisiot, actual directora de personal que se dedica a distribuir planillas y directivas en las escuelas con el objetivo de perseguir a compañeras/os que adhieren a la medidas de fuerza. Rol aún más penoso cumplen Tenaglia, Lasarte y Correa delegadas de educación en San Antonio Oeste, quienes no solo acatan, además utilizan estas planillas como medio de amedrentamiento a los equipos directivos.

Denunciamos a esta patronal que defiende a quien deja sin trabajo, mientras sanciona a quien reclama. El hecho más grave y sin precedentes en democracia es la separación del cargo de las compañeras Paula Frese y Stella Maris Errotabere, Supervisoras de Inicial de Cipolleti, que defienden el derecho a la educación en condiciones dignas para niños y niñas de 4 años.

Frente a un reclamo justo, la patronal, sanciona a las compañeras mediante resoluciones firmadas, unilateralmente, por un vocal a cargo del cuerpo colegiado y sin intervención de la Junta de Disciplina Docente, lo que implica una clara violación a la normativa docente.

Para concretar este acto ilegítimo, primero cerraron la delegación, lo que paralizó todo el sistema educativo en la localidad. Incumplieron una orden Judicial, mientras realizaban tareas de espionaje, para justificar la destitución. En esta planificación actuaron de manera cómplice la Coordinadora Escolar, Lorena Montovio, la Referente Territorial Gabriela Campusano, la Directora de Nivel Inicial Ruth Dejtiar, la Directora General de Educación Claudia Chalabe y el Vocal Gubernamental Oscar Cifuentes, acompañados por Nora Centelles y Leonardo López, sumariantes.

A posteriori, se multiplicaron las violaciones de derechos a las compañeras, no les permitieron ingresar a su lugar de trabajo para retirar sus pertenencias, no les garantizan el derecho a defensa, impidiéndoles acceder al sumario. Mientras tanto, en otro hecho fuera de toda normativa, la patrona designa como interventora a la funcionaria Campussano.

Exigimos la inmediata restitución de las compañeras supervisoras, la derogación de todas las resoluciones persecutorias, unilaterales y violatorias de condiciones salariales. Requerimos el normal funcionamiento del CPE, en todos sus estamentos, y urgente llamado a paritaria salarial.

San Antonio Oeste, 20 de septiembre de 2016.

Comisión de Prensa

Alejandra Bulacio, Viedma.
Alejandra Catalán, Jacobacci.
Gastón Nieto, Roca - Fiske Menuco.
María Inés Hernández, Secretaria de prensa, comunicación y cultura

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