Definiciones del CCCXXIX Congreso Extraordinario


El compañero Secretario Gremial y de Organización, realiza un detalle de las definiciones.

El Congreso definió la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno en la paritaria del 17 de abril, “simpre y cuando no se descuenten los días de paro de marzo y abril”, según señaló Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización.

La resolución del Congreso se expondrá en la paritaria convocada para el 20 de abril, a las 14:00 horas en Viedma.

Benjamín Catalán señaló que el Congreso resolvió  “en caso de que el gobierno mantenga los descuentos, se convocará a un nuevo congreso para definir la continuidad del plan de lucha que se inició en marzo. Se trabajan consideraciones como el acortamiento de los tramos propuestos por el gobierno y la devolución de los descuentos de los días de paro del 2016”.

SAO, 19 de abril de 2017.

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura


Comunicado de prensa del CCCXXIX Congreso Extraordinario realizado en San Antonio Oeste, el 19 de abril de 2017

Congresales del 329º Congreso de UnTER honramos a combatientes de Malvinas, a la memoria de los caídos en combate y de quienes no soportaron a su regreso la indiferencia de una sociedad exitista que durante años los silenció sin culpa, lo mismo que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra conscriptos y la invisibilización de las mujeres que actuaron en el frente de batalla, la mayoría como enfermeras y asistentes en cirugía.

Nuestro país ha demostrado las razones políticas y territoriales que demuestran que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas, pese a la repudiable actitud del actual gobierno, que está más interesado en los intereses económicos de sus socios extranjeros, que en la continuidad de los reclamos. Reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de nuestra soberanía, honrando la memoria de quienes cayeron y la vida de quienes regresaron.

Recordamos a Carlos Slepoy Prada, abogado sobreviviente de la última dictadura genocida, recientemente fallecido. Carli, como lo conocían, desde su exilio en España trabajó por y para los derechos humanos de las víctimas de los terrorismos de Estado en Argentina, Chile, Guatemala y España. Fue el impulsor del histórico juicio que en España se juzgó a responsables del terror en Argentina, debate en el que representó a las víctimas y sus familiares. Trabajó en los procesos de juzgamiento del genocida chileno Augusto Pinochet y del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Se encontraba trabajando para que en España o en la Argentina se juzgara a los responsables de los crímenes del franquismo. Seguiremos su ejemplo de lucha por memoria, verdad y justicia.

El inicio del ciclo lectivo, nos encontró inmersos en una lucha nacional y provincial, en defensa de la educación como derecho social, exigiendo que los gobiernos cumplan con la Ley de Financiamiento Educativo y respeten los derechos laborales. En este marco, marzo y abril fueron meses de marchas multitudinarias, en las que estuvo presente el compañero Carlos Fuentealba, docente de ATEN, fusilado en una marcha por la policía neuquina, bajo la orden del ex Gobernador Jorge Sobisch y su asesor Eugenio Burzaco, actual Secretario de Seguridad de Nación y responsable, junto a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, de la avanzada represiva en este último año en nuestro país.

El asesinato de Carlos marcó la historia de nuestras luchas, diez años después seguimos exigiendo justicia completa y cárcel común y efectiva para todos los responsables políticos e ideológicos. Nosotros seguimos en las calles y sus asesinos en los ministerios, dolorosa realidad que atraviesa a nuestra sociedad, porque siempre los cómplices civiles logran eludir los estrados judiciales. Cómo decía Rodolfo Walsh es tiempo de quebrar el círculo, por eso esta obstinada persistencia de su compañera Sandra Rodríguez, junto con ATEN y el conjunto de trabajadores de la educación para que nunca más las tizas se manchen con sangre.

La experiencia nos ha demostrado que los modelos de ajuste, se imponen con represión, por ello la escalada de violencia institucional se agudizó en estos últimos meses, porque el gobierno de Mauricio Macri y sus gobernadores afines, como Alberto Weretilneck, necesitan vigiliar, disciplinar y castigar. Así avalan a las fuerzas represivas a detener al Presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Jujuy, junto a un compañero de primer año, y a la compañera Laura Contreras en Río Negro, reteniéndolos con un modus operandi común, sin causa judicial, sin registrarlos e incomunicándolos. El mismo modus operandi en el norte y en La Patagonia.

La misma violencia en la Plaza de Capital Federal contra docentes que intentaban armar la Escuela Pública Itinerante, en los puentes de Cipolleti y Neuquén, en el comedor de Lanús, donde a causa de los golpes la joven cocinera, perdió su embarazo, la misma violencia que dejó esposada y sola a una niña de 16 años en Isla Maciel.

La misma impunidad que permite a la policía recorrer las escuelas en Buenos Aires, Bariloche, Valle Medio o Río Colorado para espiar a docentes que adhieren a los paros, uniformados con vía libre para abordar a estudiantes secundarios a la salida del CEM 20 o de la Escuela Aitué.

A las fuerzas de choque institucionalizada se suman los punteros profesionales que se presentaron en algunas asambleas de la ESRN como padres preocupados por la educación, para agredir verbalmente a la compañera Patricia Cetera en Chimpay y al compañero Darío Córdoba en Mainqué. Así se impuso la transformación secundaria en Valle Medio, ninguno de los funcionarios del ministerio pudieron convencer a las y los docentes, entonces recurrieron a sus mercenarios para meter por la puerta trasera su proyecto.

Violentos con trabajadores y trabajadoras, violentos con estudiantes, violentos con niñas y niños. Encapuchados o a cara descubierta actúan porque se saben impunes, avalados por gobernantes que los necesitan para seguir en el poder. Así, en Río Negro, pueden seguir al frente o dentro de las comisarías los sospechosos del asesinato de Lucas Muñoz y de la muerte de Santiago Sagredo. Violentos e impunes porque el poder judicial, económico y político silencia cualquier reclamo. Lo que no pueden silenciar es el sonido de las marchas y los gritos pidiendo justicia. A más violencia, más resistencia, así nos vienen enseñando Madres y Abuelas desde hace 40 años y con orgullo con ellas nos multiplicamos.

El gobierno de Mauricio Macri tiene la virtud de transparentar sus definiciones en sus fallidos, así es verdad que cambiamos futuro por pasado, como dijo Eugenia Vidal, Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, volvimos a los 90 con el desempleo, la inflación o mucho más atrás con la explotación de obreros, marca distintiva de la familia Braun, muchos de sus integrantes funcionarios del gobierno nacional. Antes responsables de los fusilamientos de la “Semana Trágica y ahora, dueños de La Anónima, del aumento indiscriminado de precios en Comodoro Rivadavia, maximizando ganancias a costa de tragedia social.

Volvimos a la flexibilización laboral cuyas consecuencias padecen, entro otros, las trabajadoras y los trabajadores de servicios generales de la FADECS, quienes se encuentran en una permanencia pacífica en el Decanato, ante la operación político judicial que intentan amedrentarlas con la amenaza del desalojo y así coartar su legítimo derecho a reclamar un trabajo digno.

Volvimos a la entrega de territorio para el extractivismo, a partir de la entrega del cipayismo nacional a las multinacionales que solo traen desocupación y contaminación como sucede en Allen y Fernández Oro, con la empresa YSUR y en Las Grutas, donde no existe control en la producción ni en procesamiento de sus desechos que son acopiados en el área protegida natural.

Volvimos a la lógica de la "Campaña del Desierto", tan admirada por el Ministro de Educación Esteban Bullrich, que corrió de sus tierras a los Pueblos Originarios. Por eso, entre el 20 y el 24 de abril bajo el lema “Estamos vivos, por eso caminamos”, las comunidades provincia de Río Negro marcharán desde Catriel y Bariloche hasta Viedma contra el nuevo código de tierras impulsado por el gobierno provincial. La caravana, que atravesará de más de 800 kilómetros denunciará este nuevo avance que continúa con el saqueo y la destrucción del territorio, no sólo del pueblo mapuche sino de toda la sociedad rionegrina.

Volvimos, sin lugar a dudas a los 70 con la persecución y censura a los medios, con el despido en Radio Nacional de 21 directores/as de la antigua gestión, en una nueva avanzada del gobierno para controlar los medios estatales. Entre los cesanteados está Pablo Zamorano, de Jacobacci cuyo reemplazante sacó del aire el Micro  de radio de la UnTER, “La Escuela en Marcha”.

Como en un deja vu observamos el avance contra la cultura popular, en el más amplio sentido que incluye la deslegitimación, la persecución y el recorte presupuestario, como sucedió en el INCAA, con la destitución de su director, para reemplazarlo por un ex gerente de Clarín y de productoras privadas. Sumado al avance contra el ENERC, que revierte la política de apoyo a la diversidad de visiones que permitió un discurso contrahegemónico.

Modelo económico y político que también sostiene una sociedad machista y patriarcal. Reivindicamos a todas las mujeres y la figura de las compañeras de Villa Regina, quienes se organizaron para movilizarse bajo la consigna “Ni una menos” para visibilizar la problemática que este año, asesina a una mujer cada 18 horas. Exigimos Justicia para todas las víctimas de femicidios.

Urge declarar la ley de emergencia nacional y reglamentar el presupuesto necesario para su implementación tanto como modificar una sociedad que aún mantiene prisionera a Higui por mujer, por lesbiana y por defenderse de la “violación correctiva” que aún persiste y que la justicia no quiere castigar. Como tampoco reconoce su propia lentitud, ni la connivencia de la policía, responsable de que aún no encontremos a Aracelli Fulles, ni que sepamos quiénes asesinaron a Otoño, y que prefiere articular con el poder político, por eso Ruben López aún mantiene su banca cuando correspondería el desafuero por la investigación por abuso sexual agravado.

Modelo económico a nivel nacional que tiene como laderos a gobiernos provinciales que obedecen las órdenes, mucho más de lo que le piden, como Weretilneck y sus funcionarios. Hasta el banco proveedor colabora, retirando un servicio como es el adelanto del salario a estatales, mientras se lo ofrece a los privados.

En el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el ajuste solo llega a las y los docentes mientras que se firman relevos de funciones masivos que se otorgan desde el Ministerio de Educación, como pago de favores que no solo llenan de gente a las coordinaciones sin función específica, sino también para cumplir funciones en ámbitos que no pertenecen a educación.

Mientras que se niegan cargos y se restringen acciones necesarias para el funcionamiento del sistema alegando falta de presupuesto, se engrosa el aparato estatal demostrando que solo se ajusta en salud, educación y desarrollo social quienes trabajan con los sectores populares que más lo necesitan.

Este ajuste impide las obras necesarias para garantizar enseñar y aprender en condiciones dignas, ampliar las instituciones o evitar el vandalismo en las instituciones educativas, como sufrió la Escuela 270 de El Bolsón. Se recortan insumos para comedores escolares, lo mismo que el transporte o, lo que es peor, se negocia con los Comisionados, como sucede en Comallo donde se firman convenios escolares espurios con el sector político poniendo en riesgo la vida de estudiantes a quienes se los traslada en vehículos no aptos.

Ajuste que se impone a través de funcionarios funcionales que presionan desde equipos supervisivos hasta docentes, como el Coordinador de Coordinaciones, Luis Ríos, que se dedica a maltratar a equipos directivos que denuncian problemáticas edilicias y de transporte. Igual que José Luis Dari, Consejero Escolar de El Bolsón que persiste en sus actitudes antisindicales, siendo que aún es afiliado al sindicato. También la Directora de Personal, Vanesa Ruissiot, quien pretende avasallar derechos laborales condicionando el usufructo de los Artículos 20 y 26 del régimen de licencias logrado luego de años de lucha sindical.

En este marco, también resultan útiles los equipos supervisivos que se creen funcionarios, como Alejandra Buyayisqui de Jacobacci, que con la excusa de la aplicación de la ESRN, cerró de hecho la orientación mercantil del CENS 18, dejó sin posibilidad a 20 estudiantes avanzando contra su derecho a elegir en qué condiciones querían ingresar al sistema educativo.

Ministerio que no escucha a nadie. Hace semanas que estudiantes del CEM 14 permanecen en el colegio esperando que respondan a sus exigencias de mayor carga horaria para la modalidad. Jóvenes organizados reclamando por sus derechos, jóvenes que cayeron en la Escuela Pública, como las primeras egresadas Maestras Jardineras del IFDC de Sierra Grande. Celebramos estos hechos, porque son la muestra de que en la escuela pública, se enseña, se resiste y se sueña. La muestra de que más temprano que tarde lograremos construir una sociedad más justa y solidaria.

Comisión de Prensa
Gonzalo Bon, Villa Regina
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

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