"Trumpización" de la política ambiental


Por Maristella Svampa y Enrique Viale


Es sabido que en sus primeros días de gobierno el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera.

Además, la Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%, a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya el crecimiento económico”.

No es tan sabido, sin embargo, que también en Argentina existe un plan sistemático para flexibilizar la normativa de protección ambiental, lograda gracias a movilizaciones populares y múltiples acciones de la sociedad civil. Estamos asistiendo a una “trumpización” de la política ambiental, pues no se trata de hechos aislados e inconexos, sino de procedimientos metódicos y premeditados, de modo similar al de la actual gestión norteamericana.

 

En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. Una reforma a medida de las compañías mineras que, como Barrick, realizan su actividad sobre glaciares y periglaciales, algo explícitamente prohibido por la ley sancionada en 2010. En sintonía con la quita total de las ya exiguas retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo sentido, circuló un “folleto minero”, que el gobierno argentino llevó a una importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es para tibios, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles ambientales, reemplazado por Juan Bisset, ex Jefe de Legales de la tan cuestionada compañía minera Vale.

 

Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques.

 

La próxima en sufrir un (re)ordenamiento provincial a medida del agronegocio sería  la provincia de Córdoba, donde se han registrado masivas movilizaciones -de más de 30 mil personas-  para defender el limitado 3% de bosque nativo que dicha provincia conserva de sus formaciones originales.

 

Por la vía del decreto, fue modificada la Ley Nacional de Tierras Rurales que establecía limitaciones a la tenencia de tierras por parte de extranjeros, lo que favorece a amigos del Presidente, como el magnate inglés Joe Lewis, quien además de tener secuestrado un lago público, ahora pretende desarrollar un emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas, pese a que la comunidad de El Bolsón y aledaños viene manifestando su rechazo con grandes movilizaciones.

 

Asimismo, el Gobierno Nacional anunció el relanzamiento de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que supone no sólo flexibilización ambiental sino también laboral, para hacer rentable la costosísima y tan controversial técnica de fractura hidráulica (fracking).

 

Por otro lado, el Proyecto de Ley de Protección de Humedales, impulsado por el Senador Pino Solanas, cuenta con el boicot sistemático del oficialismo nacional, producto del lobby conjunto de sectores inmobiliarios, agronegocio y minería, a pesar de que las cada vez más recurrentes inundaciones muestran hasta qué punto los humedales son imprescindibles y estratégicos, en tanto ecosistemas, para la regulación hídrica.

 

Por si esto fuera poco, recientemente nos enteramos de la decisión del gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051), con la intención de quitarle uniformidad nacional, cambiar la estricta categorización y modificar sus tipos penales, los únicos puramente ambientales que existen en nuestro país.

 

En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso de trumpización de la política ambiental en nuestro país.

 

Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado, son autores de “Maldesarrollo.  La Argentina del extractivismo y el despojo” (Katz editores)

Fuente: http://enriqueviale.blogspot.com.ar/2017/04/trumpizacion-de-la-politica-...

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