AMIA, 25 años de impunidad


18 de julio de 1994, se produjo el atentado a la AMIA, el mayor ataque terrorista perpetrado contra la sociedad argentina, que dejó 85 muertxs y 300 heridxs. La causa se transformó en un ejemplo de cómo los intereses políticos y económicos, pueden crear un laberinto sin salida para la justicia, cimentado por la ineptitud, la burocracia y la negligencia, que a esta altura, son las distintas facetas de la complicidad.
 
Desde 1994 hasta hoy, la causa ha sido atravesada por intereses político partidario, económicos y de relaciones internacionales, al punto de lograr fracturar a la organización que nucleaba a familiares de las víctimas del atentado. Para estos poderes no existen límites, vale recordar la perversa manipulación mediática, judicial y política que se continúa haciendo con el suicidio del Fiscal a cargo de la causa, Alberto Nisman. 
 
La causa AMIA ha transitado diferentes vías de investigación, a partir de tres hipótesis posibles: la conexión Iraní como parte de un atentado cometido por el movimiento islámico libanés Hezbolá, con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán, teoría que se debilitó cuando Interpol reconoció que estaba vivo Hussein Berro, indicado como el autor de la explosión que se había inmolado en ese acto.
 
La segunda hipótesis, que fuera profundizada en su momento, por el diario Río Negro, establece la conexión Siria, como un ajuste de cuentas contra el entonces presidente Carlos Menen, la venta y el contrabando de armas. Y la tercera, involucra a la Policía Bonaerense como cómplice necesaria.
 
Durante una década, la causa fue investigada por un equipo conformado por ochenta profesionales, coordinados por Alberto Nisman, quien a su momento se vinculó y desvinculó del gobierno nacional y de la CIA, pero siempre protegido por la SIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, organismo creado en democracia, y denunciado sistemáticamente por todos los organismos de Derechos Humanos y sindicales que exigimos su disolución.
 
Vale recordar que el servicio de Inteligencia, con distintos nombres, en todos los gobiernos democráticos, siguió sosteniendo en sus filas a mano de obra desocupada, remanente de la dictadura. Su principal tarea ha sido investigar, perseguir y desvirtuar el accionar de militantes populares, sociales y políticos. Sus servicios fueron usufructuados por el poder político, incluso para cuestiones personales, como lo hizo Macri en su momento, asesorados por Jorge “Fino” Palacios, comisario de la bonaerense, denunciado como espía en la causa de la AMIA.
 
Desde UnTER tenemos la convicción que no puede existir ningún caso impune, que urge la democratización de la justicia, igual que su independencia de los gobiernos y las corporaciones. Es necesario desmantelar el aparato de Inteligencia y que se publiquen todos los archivos secretos en poder del Estado. Puede resultar utópico, con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad, por ello instamos a generar la conciencia ciudadana que impida a personajes tan nefastos seguir conduciendo los destinos del país.
 
Como trabajadorxs y de la educación de Río Negro hacemos nuestro el reclamo de memoria, verdad y justicia, porque la impunidad es inaceptable en una sociedad que se presume democrática. Solo así honraremos a los que ya no están y nos permitirá a esta y las generaciones futuras ser parte de un país más justo y solidario.
 
Gral. Roca- Fiske Menuco, 18 de julio de 2019.
 
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General