Justicia para Rafael Nahuel, asesinado por el Estado

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El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel Yem fue asesinado por la espalda a manos del prefecto Javier Pintos del Grupo Albatroz, en el marco de una feroz represión contra la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu de Bariloche, cuando realizaban una ceremonia de reafirmación territorial en la zona del Lago Mascardi.

Han pasado dos años, y el asesinato de Rafita sigue impune. Dos días antes de las elecciones presidenciales la sala III de la Cámara de Casación, desprocesó al Pintos y apartó de la causa por el asesinato a los jueces Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreriro, integrantes de la Cámara Federal de General Roca, quienes en mayo habían procesado al grupo de la prefectura Albatros por homicidio agravado. Fallo vergonzante para el sistema judicial que recuperó la teoría del “enfrentamiento”, sin tomar en cuenta que se dio con armas calibre 9 milímetros, por un lado, y piedras, por el otro.
 
El desconocimiento de la causa por parte de Casación, incluye desde errores geográficos como ubicar a Mascardi en la provincia de Neuquén, hasta ubicar las acciones en un predio diferente para justificar la versión de los prefectos, que es la que armó el gobierno por mandato de la Ministra Patricia Bulrich y su secretario Pablo Noceti, en absoluto acuerdo con gobernadores y los responsables de seguridad de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro 
 
El fallo, es un avance más de la nefasta teoría del “enemigo interno” creada por el gobierno nacional, donde incluyó la existencia del RAM, fábula prolijamente adaptada en los medios hegemónicos de comunicación, avalada por el gobernador Weretilneck que permitió que en los últimos años se reprimiera a las comunidades Mapuche, primero en Cushamen, luego la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, se persiguiera y encarcelara a mujeres y niñxs, permitió el juicion inconstitucional y posterior extradición del Lonko Facundo Jones Huala, asesinaran por la espalda a Rafael Nahuel y procesaran a Fausto Jones Huala y Lautaro González, los dos jóvenes que intentaron salvarle la vida, bajándolo del cerro.
 
La persecución desatada contra las comunidades tiene un claro objetivo, proteger los intereses de los amigos del poder y legitimar la extranjerización de los territorios para el extractivismo, la apropiación de las fuentes de agua potable y los negocios inmobiliarios. Lo más grave es que se sostienen gracias al recrudecimiento de una política racista y la colonización del pensamiento social, que aún hoy permite desconocer la existencia de un genocidio de la mal llamada “Campaña al Desierto” y prioriza el derecho a la propiedad privada de quienes se apropiaron de manera ilegítima de los territorios ancestrales, desde el Genocida Roca hasta Benetton y Lewis.
 
Este 25 de noviembre, continuamos exigiendo justicia para Rafita, que lxs responsables ideológicos y políticos de este crimen sean juzgados y condenados a cárcel común y efectiva. Convocamos a participar de las acciones que se realizarán en todo Río Negro, para multiplicar las voces por justicia para Rafita, el cese de la persecución y los procesamientos de nuestros hermanxs, que luchan por sus derechos ancestrales, que son reconocidos por la Constitución y que, como sociedad defender como un acto de justicia histórica y de reconstrucción de nuestra propia identidad.
 
Roca - Fiske Menuco, 25 de noviembre de 2019.
 
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General