Tres años sin Santiago, tres meses sin Facundo

    Experiencias

El 1 de agosto de 2017, luego de una feroz represión a la comunidad Mapuche en Cushamen, se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el 17 de octubre encontraron su cuerpo en el río Chubut. Fue un crimen de Estado, perpetrado por las fuerzas de seguridad por orden de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, con el aval de los Ministros de Seguridad de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.

Hace tres años, junto a la familia y organizaciones sociales, venimos reclamando Justicia por Santiago. Desde el primer momento el gobierno nacional y provincial pretendieron evadir su responsabilidad. Inventaron la existencia del RAM, un supuesto grupo terrorista mapuche, teoría repetida por el entonces gobernador Alberto Weretilneck, que fue la excusa perfecta para desplegar una política represiva que también asesinó a Rafita Nahuel, fusilado de un tiro en la espalda, encarceló y extraditó de manera anticonstitucional al Lonko Facundo Jones Huala y justificó todo tipo de avasallamiento contras las comunidades mapuche que reclaman territorios ancestrales.

El gobierno de Macri fue nefasto en todos los sentidos, actuó con absoluta impunidad en lo económico, lo social y lo político. El Ministerio de (In)seguridad a cargo de Bullrich reflejó sin tapujos la crueldad institucional, de la mano de Jueces afines. Sin embargo, nunca pudieron acallar los reclamos y más temprano que tarde, también llegarán al banquillo de lxs acusadxs.

El problema más grave, es que nos dejaron como herencia, integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, henchidos de impunidad, que continúan protagonizando episodios de violencia institucional que recrudecieron en tiempos de pandemia, desde el ataque a las familias Wichi en el norte, hasta la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, pasando por supuestos suicidios en comisarías, fusilamiento por la espalda de pibes en el conurbano bonaerense, represión en barrios populares a lo largo y lo ancho del país. En Río Negro, los policías condenados a perpetua por la desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano siguen en libertad y con un arma en la calle.

La violencia institucional no es el accionar aislado de algunos, es estructural en las fuerzas policiales y militares, porque su legitimación es parte de la forma de pensamiento de gran parte de la sociedad, gracias al trabajo sistemático de los medios hegemónicos de comunicación, funcionales al poder real, que ubican a los sectores populares, comunidades originarias, migrantes en la vereda del enemigo y el valor más importante a defender es la propiedad privada. Así, hasta la venganza por mano propia, es aplaudida y defendida por los mismos que pueden ser las próximas víctimas de este sistema perverso.

Es urgente y necesaria la reforma judicial, tanto como el cambio en la construcción de sentidos, que sigue premiando a los opresores y violentos. No nos callamos cuando desapareció Santiago, cuando fusilaron a Rafita, no nos callamos ahora, seguimos exigiendo aparición con vida de Facundo, juicio y castigo a lxs responsables ideológicos y materiales de todos los crímenes de Estado.

 

#JusticiaPorSantiago

#3AñosDeImpunidad

#DondeEstaFacundo

#ApariciónConVida

#ElEstadoEsResponsable.

 

 

Villa Regina, 1 de agosto  de 2020.

 

María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.

Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.

Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.

Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.

Sandra Schieroni, Secretaria General.