La UnTER denunció ante Unicef, el 30 de octubre, irregularidades que cometió el gobierno provincial, causando un perjuicio directo a los niños que concurren a los comedores y/o a las escuelas con comedores, al suministrar alimentos contaminados y sustancias no alimenticias.

En función de la gravedad de los hechos, se solicitó la intervención de entidades competentes considerando que se debe analizar la conducta del Gobierno de Río Negro como beneficiario de programas de financiamiento a través de Organismos Internacionales; Se disponga la comunicación a las Autoridades Públicas Nacionales pertinentes a los fines de requerirles intervención en el conflicto denunciado y la constitución de una comisión observadora con el objeto de realizar las recomendaciones necesarias para fomentar la aplicación efectiva de la Convención de los Derechos del Niño.

La presentación dirigida al Coordinador de programas de Unicef Argentina, Dr. Ennio Cufino, provocó el pedido de informe al gobierno de Miguel Saiz.

En la enunciación de los hechos se concluye que “Lo que ha sucedido es que se ha denunciado y corroborado la mala calidad de los productos suministrados, pero queda pendiente la tarea de verificar los posibles daños que estos han provocado en los niños que se alimentaron con ellos en todo este tiempo”.

Luego de la suspensión de los preelaborados, salvo excepciones, en la mayoría de las localidades se sirvió únicamente mate cocido y té. En residencias urbanas sólo se brindó el apoyo pedagógico. Niños y niñas debieron regresar a sus hogares sin haber recibido el servicio del comedor.

Insistimos además en la urgente reglamentación de los comedores escolares, cuyo vacío legal es insostenible.

Las y los trabajadores de la educación hemos planteado sistemáticamente, desde el 2005, nuestro desacuerdo con la distribución de alimentos preelaborados y frescos que no reunían las condiciones adecuadas para la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las escuelas. En este mismo año se planteó en Paritaria la discusión sobre los alcances reales de estos programas de alimentación y la necesidad de reformular las Políticas Públicas de Atención a la Niñez, que en la provincia han sido siempre insuficientes.

Las denuncias que pesan sobre FLAVORS, empresa contratada por el gobierno provincial para la distribución de los alimentos preelaborados en las escuelas y comedores de la provincia, son el reflejo de la ausencia de política social de atención a la infancia y la familia.