Los Trabajadores de la Educación recordamos que el 24 de marzo de 1976, se concretó el último golpe de Estado en Argentina, el horror dejó como saldo 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, un país endeudado y empobrecido que cerró también en Río Negro las puertas de la actividad política y sindical.

Con las banderas y los sueños de los compañeros detenidos desaparecidos, por la defensa de la educación pública y el derecho a una vida digna para todas y todos es que desde el 23 de febrero las y los trabajadores de la educación llevamos adelante un paro por tiempo indeterminado y el corte de ruta 22, cerca de Chichinales.

El accionar de la policía provincial, que intentó amedrentar con visitas a las Seccionales y domicilios particulares de compañeros, las piedras y pintadas anónimas en locales gremiales, la agresión física, la provocación de la presencia del BORA, son algunas de las prácticas represivas que denunciamos y por las que han atravesado las y los docentes durante estos días.

Uno de las razones de la lucha es la restitución del derecho a huelga, que ha sido negado sistemáticamente por el gobierno provincial que castiga el reclamo con el descuento de los días de paro. Sin embargo, no ha doblegado la voluntad docente en la defensa del derecho a percibir un salario que contemple la zona patagónica, el cese del compulsivo cierre de cargos y el normal funcionamiento del IPROSS.

Luis Genga, primer Secretario General (74 – 76) recordó que con la dictadura militar “empieza una feroz persecución a varios compañeros docentes de la UnTER, entre los que me encuentro incluido. Y lamentablemente, va más allá de la persona, lo digo porque en mi caso particular la escuela donde trabajaba, donde me había restituido al cesar mis actividades sindicales, por mandato del Punto 7 de la Junta Militar, allanaron la escuela con alumnos adentro, una serie de barbaridades”.

Las intervenciones a los sindicatos, las restricciones al accionar gremial, la supresión del derecho a huelga y los despidos masivos, la ocupación militar de los establecimientos fabriles y la existencia de miles de delegados y dirigentes detenidos y desaparecidos, entre ellos 600 trabajadores de la educación, fueron el complemento necesario de la caída del salario real, de la desocupación, de las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

El 18 de septiembre de 2006, Genga presentó su denuncia en el Juzgado Federal de Roca, en el marco de las causas en la Justicia Federal, por crímenes de Lesa Humanidad, cometidos durante la dictadura. Estuvo detenido en la “Escuelita” de Neuquén a cargo de Oscar Reinhold. Cuando recuperó su libertad fue exonerado y debió padecer el exilio.

En la ruta 22, y en todas las actividades de las seccionales, exigimos la aparición con vida de Julio López, reclamamos por los juicios pendientes y por el juicio y condena a los responsables intelectuales del asesinato de Carlos Fuentealba, fundamentalmente, el ex gobernador Jorge Sobisch, quien no dudó en dar la orden de reprimir, y luego fue capaz de vanagloriarse de su mano dura, como instrumento de poder para reprimir la protesta social.

En diciembre celebramos el fallo unánime que condenó a los ocho militares (R) acusados de secuestros, torturas y la desaparición forzada de Oscar Ragni en el centro clandestino “La Escuelita”. Aún hay más de 100 denuncias que esperan en los pasillos de la fiscalía, hay otros 39 casos que están en proceso de ser elevados a juicio, y también hay 28 procesados más. No es todo, pero empezamos a desandar el camino de la impunidad y sentimos que con la memoria y la verdad comienza a ganar la vida.

23 de marzo de 2009

Consejo Directivo Central,
Pedro Bichara, Secretario de Prensa