Hace mucho tiempo la UnTER viene pidiendo que se discuta el financiamiento y supervisión de las escuelas privadas en función de lo planteado por la Constitución provincial.

Discutir la educación pública y sus resultados no solo debe hacerse luego de los conflictos docentes, sino como una necesidad imperiosa y sustancial que nos debemos como sociedad. Plantear el crecimiento de las escuelas privadas sobre la base de los paros docente es un mero reduccionismo. Negar que pueda ser un elemento a tener en cuenta es una necedad.

Que el tema requiere un urgente debate es lo más palpable. Para ello es necesario tener en cuenta todas las variables que han provocado el crecimiento de la matricula de la educación privada. Constitución y Ley de Educación Provincial 2444, Política educativa de la provincia,  situación socioeconómica, financiamiento.

En este sentido, señala nuestra Constitución provincial:

Artículo 63: La política educativa provincial se basa en los siguientes principios: ?6. En las escuelas privadas la enseñanza es libre, pero debe sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento. No se reconocen oficialmente más títulos y diplomas de estudios que los avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta la cooperación económica del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen.

Esto es ratificado en la Ley de Educación provincial Nº 2444:

Artículo 17: establece que ?El Estado sólo cooperará económicamente con cada uno de los Establecimientos de gestión privada sin fines de lucro, que cumplan una función social ni discriminatoria y que tengan carácter gratuito, según lo que oportunamente establezca la reglamentación?.

Por ello es que la organización gremial siempre ha planteado que se cumpla con la Constitución.  La Educación privada no puede ser subvencionada, excepto las escuelas de gestión social que cumplen otro rol. Esto no quiere decir que nuestra posición sea la de no aceptar la existencia de Escuelas Privadas. Lo que queremos afirmar fuertemente es que no queremos que salgan del presupuesto de educación fondos para facilitar que la educación se convierta en una mercancía. El Estado no puede ser responsable, por el rol social que debe cumplir, de subvencionar la educación privada, ya que si un padre desea enviar su hijo a esas instituciones lo debe asumir como un costo particular y no debe socializar ese gasto. Sin embargo, es un secreto a voces que en Río Negro, escuelas privadas se encubren detrás de ?Fundaciones? para recibir subsidios y siguen cobrando importantes aranceles.

Se privilegia al sistema privado que cuenta para su financiamiento con los recursos del Estado más lo que recauda con altas cuotas mensuales, permitiéndoles, en muchos casos, una oferta más completa y con mayor posibilidad de seguimiento.

Este gobierno genera situaciones de desigualdad; mientras en las escuelas públicas se cierran divisiones por bajos niveles de matrícula, se financia, con 100% de subsidio, a escuelas que cuentan con reducida matrícula, permitiendo un seguimiento pedagógico más personalizado.

Nadie desconoce que unas de las grandes preocupaciones de los padres son las situaciones de violencia en las escuelas, las que son abordadas por los docentes en las escuelas públicas, a veces, sin las mínimas condiciones laborales. La contención social no es un problema de la escuela privada, ya que con el ?derecho de admisión y permanencia? garantizan que estas situaciones no existan, aparentando cierta armonía.

Es de destacar que la mayoría de las escuelas privadas no retienen su propia repitencia, escondiendo sus índices y eliminando una problemática que luego es contenida y abordada en la Escuela Pública.

La flexibilización laboral que atraviesan los trabajadores de la educación en las instituciones privadas, a quienes se les permite encuadrar  como empleados de comercio desde una visión de la educación como una mercancía, garantiza la imposibilidad de que se registren reclamos docentes, agravado por la situación de desigualdad entre los distintos docentes en función de la oferta docente en la zona. A partir de esto, se puede deducir que las escuelas privadas garantizan  que existan sectores sociales que no enfrentan las medidas por justos reclamos de los trabajadores.

Desde el momento que el CPE decide crear las supervisiones de escuelas privadas en forma totalmente antiestatutaria, fija con claridad un rumbo de aceleración hacia la Escuela Privada; dejándolas fuera del gobierno escolar que debe ejercer el Estado, facilitando un funcionamiento muchas veces fuera de la normativa vigente.

La gestión de Miguel Saiz ha marcado un rumbo netamente privatista en la educación. Claramente lo demuestra la decisión política de financiar estas escuelas, tal es así que algunos subsidios salieron directamente del poder ejecutivo sin pasar por la cartera de educación.

12 de mayo de 2009

Pedro Bichara, Secretario de Prensa
Marcelo Nervi, Secretario General