El CCLXXXIII Congreso Extraordinario de la UnTER repudia el accionar del gobierno provincial que ha definido, antes que implementar las políticas educativas necesarias para garantizar el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas, continuar aplicando políticas destinadas al vaciamiento de la escuela pública y el disciplinamiento de quienes se atreven a enfrentarlo.
Para lograr su cometido, utiliza métodos de cacería judicial contra militantes de nuestra organización, el más vil y nefasto método de persecución utilizando estamentos del Estado para aplicar la “prescindibilidad laboral” a compañeros que han sido señalados, como en los años más oscuros de nuestra historia.
Así como el año pasado, a través de sus fieles obsecuentes, los vocales gubernamentales Amira Nataine y Jorge Sartor sancionaron al compañero Robinot Villegas, después del conflicto de este año, estos mismos personajes impiden el derecho del compañero Mario Floriani de acceder al cargo de Supervisor cuando por orden de mérito le corresponde.
Para ello, primero decidieron cerrar una supervisión aduciendo razones presupuestarias, ante una nueva vacante producida por la designación de una de la supervisoras como Directora de Nivel Primario. Como ya no se podía cerrar la segunda supervisión, esta vez fueron más lejos e inventaron un sumario. Sartor-Nataine, emitieron la Resolución 2420/09, con un desconocimiento absoluto del Estatuto del Docente, Ley 391, que determina que el sumario sólo debe ser instruido por la Junta de Disciplina.
Pero el ministerio no se conforma solamente con avasallar los derechos del compañero Floriani, también utiliza como burda excusa para impedir la implementación de los concursos de ascenso a cargos directivos, aduciendo el malestar que le genera a Barbeito y su séquito, el reclamo presentado por el sindicato en al compañero Floriani. Esta decisión viola los acuerdos paritarios.
Así como los vocales gubernamentales son una marca registrada en los niveles de obsecuencia, también lo son funcionarios y funcionarias no le van a la zaga, por ejemplo la Directora de diagnóstico y programación, Cristina Leonardo, intenta avanzar en el cierre de cargos en El Bolsón, Jacobacci y Maquinchao.
En el caso de las escuelas de El Bolsón, los cargos que ahora se pretenden cerrar son los mismos que fueron recuperados por acuerdos paritarios posteriores al conflicto, lo que sumarían un nuevo incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados y homologados por la Subsecretaría de Trabajo. En el caso de las escuelas de Maquinchao y Jacobacci, los despidos encubiertos pretenden avanzar sobre cargos en Escuelas de Jornada Extendida que, paradójicamente, el sindicato cuestiona y el gobierno supuestamente apoya.
En cada uno de estos hechos, los vocales Gubernamentales, sus funcionarios/as hacen del funcionamiento del Consejo Provincial de Educación un espacio de control ideológico y de persecución al mejor estilo de épocas que todos los argentinos repudiamos. Rechazamos enérgicamente este accionar nefasto del gobierno y le exigimos que cumpla con la normativa vigente para garantizar el funcionamiento de las instituciones, los derechos laborales de los/as trabajadoras/es de la educación y de las y los estudiantes de accede, permanecer y egresar del sistema educativo.
Sierra Grande, 9 de diciembre de 2009
Pedro Bichara, Secretario de Prensa
