A partir del 24 de marzo de 1976, nuestro país comenzó a transitar la dictadura más cruenta de su historia, y las primeras páginas del horror se escribieron con la sangre de maestros. Esa madrugada, en Tucumán, el maestro Isauro Arancibia cofundador de CTERA y de la Asamblea de Derechos Humanos y su hermano Arturo eran asesinados el local de ADEP por fuerzas militares a cargo del genocida Bussi.

El golpe cívico militar del 76 instauró en Argentina un sistema de represión que implicó el secuestro, asesinato, tortura, encierro por razones políticas y exilio de miles de personas. Fue mucho más allá de lo delictivo para alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad.  Con el aval de un poder económico cipayo y el sector más reaccionario de la  iglesia se impuso el silencio, el miedo a través de la censura y la violación sistemática de los derechos humanos.

Sin embargo, nuestro pueblo logró sostener espacios de resistencia gracias a miles de militantes que pueden reconocerse en figuras como la de  Rodolfo Walsh, quien el 24 de marzo de 1977, publicó una carta abierta en la que denunció el terrorismo de Estado y el proyecto económico que sumiría al pueblo en la “misera planificada”. Su secuestro y posterior desaparición no logró acallar su voz, ni doblegar a los sobrevivientes.

Han pasado 34 años y persiste tanto la memoria como el reclamo de justicia, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo bajo la consigna de “ni un paso atrás”, junto a quienes comprendieron que recordar es un proceso de aprendizaje y una forma de plantarse frente a la vida fue posible derogar las leyes de punto final y de obediencia debida, sentar en el banquillo a los genocidas y condenarlos a cárcel común y efectiva, no a todos es verdad, pero todavía faltan demasiados.

Está claro que el aparato represor y sus cómplices políticos y económicos siguen operando, por eso fue secuestrado y permanece desaparecido Jorge Julio López, por eso es posible que torturadores como Lorenzzetti se mantengan dentro del Estado y colaboracionistas como Julio R. Alcalde no se arrepientan de sus actos. La resistencia se corporizó en las rondas de las Madres, con las Abuelas, el proceso no pudo concluir su plan, porque demasiada gente comprometida con la vida, se negó a ser cómplice, además permitió a HIJOS construir su propia voz. 

La dictadura genocida puso en evidencia nuestras diferencias más profundas y permitió también aflorar los corajes, como el que sostuvo a la compañera Susana Dieguez, militante sindical y de los derechos humanos de nuestra provincia quien declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad a represores que actuaron en los centros de detención Club Atletico, El Banco y Olimpo.

Las y los congresales del CCCLXX congreso de Unter, que sesionamos en nombre del compañero Pascual Mosca y la Compañera Rosana Inés Santillán, en nuestro rol de trabajadores y trabajadoras de la educación asumimos el compromiso de repensar la historia como un acto de justicia, para reconstruir memorias silenciadas y ocultadas, tan necesarias en esta disputa por el conocimiento que nos permite pensar otros futuros posibles, imaginar y construir una sociedad donde los crímenes se juzguen y condenen, donde no existan desaparecidos ni políticos, ni sociales. Donde el Estado de derecho y la justicia social sean definitivamente una realidad para todas y todos

Choele Choel, 25 de febrero de 2010

Comisión Prensa del Congreso: Ana Stoessel (Regina), María Inés Hernández (Roca), María José Villalba (Viedma)