A partir del decreto presidencial 936, cuyo espíritu es que no se publicite la oferta sexual por los medios de comunicación, comenzando a monitorear los medios gráficos , se desató desde la corporación mediática una campaña de desinformación y cuestionamientos al decreto citado. Se instaló y saludamos el debate que se abre con este decreto.
El tráfico de seres humanos, especialmente mujeres, constituye una de las violaciones más flagrantes y expandida contra los Derechos Humanos. También debemos decir , en general, que con frecuencia los Estados Nacionales sancionan más a las víctimas que a los organizadores de este tráfico de mujeres, cuya situación es realmente dramática.
Nadie es ingenuo en pensar que con un Decreto se va a evitar la explotación sexual, pero no por eso el Estado tiene que dejar de tomar medidas para limitar e impedir que la prostitución y las actividades de explotación y tráfico de personas que tiene asociadas, pueda ser considerada como una actividad económica situada en el mismo plano ético que cualquier otra actividad. Esta intervención no afecta ningún derecho a la libertad de expresión, al contrario esta en sintonía con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños/as, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre del 2.000.
En ese sentido este Decreto tiene su antecedente en nuestro país con la Ley 26364, de sanción de la trata, y la 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y tiene el objetivo de efectivizar el cumplimiento de las mismas.
Al contrario de los medios hegemónicos, compartimos las voces que apoyaron esta medida, entre ellas las de la Unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires (UTPBA), que la definieron como un ” avance en la lucha contra la esclavitud del siglo XXI”.
Otro aspecto que hay que develar son los intereses económicos. En España en el 2009 se produjo un debate similar; una Comisión parlamentaria de ese país calculó que los medios gráficos que resistían sacar los avisos iban a perder 40 millones de euros anuales.
Sería interesante saber cuánto es el negocio que pierden esos medios en nuestro país.
Finalmente, sostenemos que todo esto se enmarca en la lucha por la igualdad de géneros. Es evidente que se ha avanzado mucho, pero a las mujeres aún les queda mucho camino por recorrer. Son la mayoría de la humanidad, pero aún no pueden hacer valer sus derechos en plenitud, en una sociedad en la que lo esencial sigue manejado por los hombres según criterios masculinos. Y lo masculino, generalmente, se asocia con el interés, la agresividad y la competencia y esos son los criterios básicos de la sociedad capitalista.
Por eso rechazamos que desde una postura neoliberal a ultranza se pretenda definir como un paternalismo intolerable del Estado, a su acción protectora de derechos humanos esenciales que no pueden ni deben quedar a merced de lo que los neoliberales consideran como único derecho verdadero: el derecho de propiedad; ese concepto que no siempre explicitan con claridad según el cual consideran que la única libertad que puede existir es el despliegue de las fuerzas del mercado y sobre lo cual fundan su ideas de libertad de expresión, que siempre termina siendo libertad de empresa.
Por combatir la trata de personas y la explotación sexual prohibiendo su publicidad, así como prohibiendo la publicidad de cigarrillos, no se está estatizando absolutamente nada, ni creando leyes secas, ni prohibiendo ninguna actividad económica lícita. Se está intentando tomar una medida más para proteger algunos derechos humanos esenciales y por ende humanizando sólo un poco el feroz capitalismo, que los poderosos mediáticos y empresariales de esta parte del mundo tanto defienden con todas sus poderosas armas legales y simbólicas, cotidianamente.
Información y postura de la CTA al respecto puede encontrarse en: http://www.cta.org.ar/La-Presidenta-anuncio-ayer-una.html
