Se ha tratado con mucha liviandad la propuesta de construir una nueva educación en Río Negro.
Consideramos que el debate que nace de la posibilidad abierta por la Legislatura de la provincia para discutir una nueva ley orgánica provincial de educación es en buena medida más complejo que la ley en sí misma. Implica, en el fondo, discutir qué educación queremos para la provincia y por ende qué provincia queremos construir a futuro, partiendo de la realidad actual.
En este sentido, ¿la seriedad del debate sobre la nueva ley orgánica de educación provincial consiste en saber que la elección del representante de la comunidad se haga de forma directa o como se elige al defensor del Pueblo? Desde ya que invalidar el proceso de debate abierto por el nuevo gobierno provincial a partir de alguna crítica a la forma de designación de algún tipo de representación (que por lo demás puede modificarse en el propio debate que se abre) es no sólo llamativo: demuestra las intenciones de quien escribe más que constituirse en una crítica decisiva.
En todo caso el debate debería centrarse en analizar qué implica para Río Negro que la educación se convierta en un derecho social garantizado por ley, no sólo porque esa declaración tiene de por sí un efecto político inclusivo en términos sociales que apunta a la construcción de la justicia social sino también porque habilita, y tal vez esto es lo central, el debate de cuál es el sistema educativo que queremos para construir una educación justa, capaz de hacerse garante del nuevo derecho establecido. Y es central porque rompe con la idea de que la educación como proceso de socialización de saberes es un servicio como cualquier otro, susceptible de ser adquirido en el mercado y cuya calidad está directamente supeditada al valor abonado por quien lo demanda, dejando al Estado el papel subsidiario de contener desigualdades sociales inadmisibles ofreciendo algunos rudimentos mínimos.
Estamos hablando ahora de considerar la educación como una garantía de inclusión social, por lo que sin importar la clase social a la que se pertenezca el conocimiento como bien cultural y social estará a disposición de cualquiera que sencillamente haga uso de este derecho. Éste es el enfoque que consideramos correcto y es una de las consignas históricas de la Unter, porque ahora se abre el amplísimo debate de cómo se garantiza ese derecho social ya establecido.
Éste es el encuadre de la discusión; la obligatoriedad del Nivel Medio o la universalización del Nivel Inicial son elementos que aportan a la garantía social y éste queda claro que es simplemente el inicio del debate, no su conclusión, ya que la ley resultante del mismo será la estructura legal sobre la que edificar la educación rionegrina por los próximos veinte años o más, donde una de las metas más importantes es, justamente, dotar al sistema educativo de una estructura democrática que le ha sido negada sistemáticamente durante los 21 años que lleva de sancionada la ley 2444, proceso durante el cual los que critican la iniciativa fueron protagonistas centrales y muy activos.
¿Cuáles serán los objetivos de la educación en Río Negro? ¿Cómo se financiará el sistema educativo? ¿En qué condiciones enseñarán y aprenderán docentes y alumnos? ¿Qué ocurrirá con la formación docente continua? ¿Qué pasará con la educación técnica? ¿Como se regulará la actividad privada en la educación provincial? Es extensísima la lista de preguntas pertinentes y a responder en el debate que se abre.
Esto es precisamente lo que se viene luego de años de deterioro de la educación provincial, y si a algunos no les parece un debate serio debe ser sencillamente porque les preocupa cualquier otra cosa menos la educación y los trabajadores de la educación.
Y, sobre los trabajadores de la educación: a aquellos que durante años consensuaron aumentos de salario paupérrimos con el gobierno de Saiz en tiempos de vacas gordas a nivel nacional que se les caiga de la boca la palabra “salariazo” es francamente impresentable. La recuperación salarial es un prerrequisito indispensable para garantizar el derecho social a la educación. Sería un contrasentido hablar de garantizar el derecho social a la educación sin considerar una vida digna para los trabajadores de la educación.
Estamos evidentemente frente a una maniobra sin consistencia destinada a tender un manto de sospecha inicial y sin fundamentos serios nada menos que sobre lo que debe ser la construcción de los consensos fundamentales para reconstruir la educación rionegrina.
Jorge Molina, Secretario General
Publicado en diario Río Negro, 13/02/12
Foto: Patagonia Fotopress
