El Tribunal Oral Federal ad hoc de Bahía Blanca sentenció a cadena perpetua para cumplir en penales de la Nación a 11 jerarcas militares y a 3 comisarios de la policía federal a quienes acusó de los secuestros, torturas, homicidio “bajo la modalidad de desaparición forzada”, todos con el agravante de haber sido cometidos contra jóvenes que fueron perseguidos políticos, con hechos aberrantes que se extendieron durante más de un mes, cometidos con las víctimas en total indefensión y bajo un mecanismo que “buscó la impunidad”.
A otros tres acusados, dos penitenciarios y otro retirado de la federal, los sentenció por su “participación necesaria” en los mismos delitos de lesa humanidad, con penas que deberán cumplir en el servicio penitenciario (los jueces aclararon que si no había lugar en los penales federales, se debía buscar espacio en los de cada provincia de origen de los condenados).
El 12 de septiembre fue una jornada histórica para quienes vivimos en la Patagonia, para quienes hemos sido militantes políticos – sociales en los setenta y para quienes hemos transcurrido desde aquel momento hasta hoy, luchando para que se termine la impunidad con los asesinos, con los genocidas de la dictadura militar, fundamentalmente en gran parte de nuestra zona y con hechos relacionados con personas cercanas, nuestros compañeros, algunos que están y otros que ya no están.
Entre los condenados a cadena perpetua, por las 94 víctimas motivo de este primer juicio, hay tres miembros de la policía federal: comisario Vicente Antonio Forchetti, sargento Héctor Arturo Goncálvez, comisario Héctor Jorge Abelleira que actuaron en Viedma, en detenciones y secuestros a compañeros como Eduardo “Bachi” Chironi, Oscar Meilán, Héctor “El Negro” Ayala, Jorge Abel. Bachi y el “tono” Abel ya no están en cuerpo entre nosotros, pero seguro nos acompañan en este momento. En el momento del fallo estuvieron allí Oscar Meilán, el Negro Ayala y Cristina Cévoli (esposa de Bachi Chironi).
Son catorce condenas a cadena perpetua sobre militares que actuaron en el 5to. Cuerpo de Ejército en el marco de lo que era el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca y también los sucedáneos o los que estaban en combinación que actuaron en Viedma y otros que fueron condenados a 17 y 18 años de prisión, en total 17 condenas categóricas y fundamentales.
El Tribunal consideró por unanimidad que se cometieron delitos de lesa humanidad, por mayoría estableció que se realizaron en el marco de un genocidio, y revocó las excarcelaciones que otros jueces corruptos les habían otorgado a estos genocidas, ordenó cárcel común y efectiva, la destitución de cargos en el Ejército, en el servicio penitenciario y en la policía federal. Este es un juicio bisagra, son catorce condenas a cadena perpetua, y el hecho de extender la investigación judicial sobre la complicidad de la familia Massot dueños del diario La Nueva Provincia por posibles delitos de acción pública, por el uso privilegiado que tenían, y siguen teniendo, de un medio de comunicación que usan de manera abusiva violando los derechos humanos.
Los obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores de la empresa de la familia Massot, fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1976. El diario La Nueva Provincia llegó a publicar parte de operativos de inteligencia que hacía la fuerza represiva sobre la población encubriendo situaciones y presentando como enfrentamientos hechos que fueron masacres, secuestros. Contaban con información secreta que tenía la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es decir que accedían a fuentes privilegiadas de información y la utilizaban al servicio del sistema represivo que funcionó en Argentina en esa época.
Según señala la nota Histórico en Bahía Blanca, cobertura realizada por el sindicato de prensa de Neuquén para la página Segundo Juicio neuquino “Lo mismo ocurrió con la participación de algunos integrantes de la Iglesia local sospechados de connivencia con la metodología de desaparición y los tormentos; y el director de la ENET en 1976, en el momento en el que casi una docena de alumnos de tercer, cuarto y quinto año de ese establecimiento pasaron por los salvajes golpes de los torturadores y la picana.
Tres de los militares, Jugo Delmé, Hugo Fantoni y Jorge Mansueto Swendsen fueron condenados por la apropiación ilegal de dos bebés nacidos en cautiverio, uno de ellos a fines de abril de 1977en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados en Cutral Co en 1976. El otro niño, también varón, es el hijo de Graciela Izurieta. Ambas mujeres dejaron de ser vistas en el centro clandestino luego de que dieron a luz, en tanto Metz también permanece desaparecido.
El tribunal no dejó pasar tampoco la responsabilidad de los federales en el “abandono de persona” de los hijos de Vilma Rial y Oscar Meilán, quienes con apenas meses -en el caso de la niña- y un poco más de un año -en el caso del varón- fueron dejados a su suerte adentro del auto encendido en la madrugada que secuestraron a sus padres en Viedma, cuando regresaban de un casamiento”.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 14 de septiembre de 2012
Luis Giannini, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura
Alberto Cacopardo, Secretario de Finanzas
María Cristina Bay, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Jorge Molina, Secretario General
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