Muy temprano a la mañana del 6 de noviembre, se empezó a juntar la gente que siguió este juicio de 8 meses con mucha atención. La mayoría conocemos a los declarantes, a esos testigos que con enorme valentía dejaron de ser víctimas para decir su verdad luego de 36 años de dolor e impunidad. No pudimos escuchar la declaración de todas y todos, pues algunos fallecieron antes, pero existían sus testimonios en la instrucción de la causa. También conocemos a algunos de los procesados, pues caminaron libres por nuestras calles durante todos los largos años de impunidad que padecimos como sociedad, en el mismo espacio que sus víctimas.
En el proceso se vivieron momentos de gran emoción y grandeza y otros de lamentables miserias humanas, como la estrategia de descalificar a algunos testigos para fundar una vez más la impunidad. Estrategia que no sólo se desplegó en el juicio, sino también a través del medio hegemónico regional y sus cajas innumerables de resonancia. El poderoso medio multifacético, progresista en Neuquén y derechoso en Río Negro, porque aquí tiene los otros negocios y no puede publicar todo lo que explota y humilla a la gente humilde: trabajadores, campesinos, pueblos originarios. El que ha despedido a muchos de sus propios trabajadores por intentar organizarse sindicalmente en Río Negro.
Otra estrategia fue la de amenazar a algunos militantes de derechos humanos, por parte de los mismos procesados o su postura de intentar victimizarse diciendo que en el juicio ya estaban condenados de antemano. Evidentemente no fue así.
Gran expectativa frente al fallo que finalmente se conoció y produjo mucha decepción en la mayoría: Hay una enorme distancia entre la percepción que tuvimos los que pudimos presenciar los testimonios y conocemos la vida que han llevado, luego de la dictadura, muchas de las víctimas que dejaron de serlo al convertirse en testigos frente a sus captores, secuestradores y torturadores. Para muchos de nosotros quedó claro el genocidio, los delitos de lesa humanidad y la prueba de que todo eso fue así, como lo relataron los testigos. Jamás pensamos que sería relevante para estos jueces el pedido de certificados médicos o evidencias físicas y vinculantes de la tortura sufrida hace 36 años, luego de tanta impunidad, o los reclamos de investigar a los testigos por sus dichos que reconstruyeron el secuestro, la tortura y la espantosa laceración de sus integridades humanas.
Sin embargo, parece que para estos jueces ya estaba claro cómo debían condenar: de acuerdo a las leyes de obediencia debida y punto final, promulgadas por Julio Rajneri como ministro de Justicia de Alfonsín, todavía sostenidas desde su poderoso diario. Se condenó a los responsables de la policía (con 23 años al de Neuquén, Laurela Crippa y con sólo 10 al de Cipolletti, Camarelli), a los responsables de algunas unidades militares y de la inteligencia de esa fuerza, pero con muy poca condena a los torturadores civiles o policiales de inteligencia, como Guglielminetti (12 años) y Quiñones (6 años), sin variar la situación procesal cautelar de los tipos: muchos están en domiciliaria o libres. Y de acuerdo a la operación de prensa escrita por la periodista Alicia Miller y promovida por el diario Río Negro ya desde hace tiempo, se aplicó la descalificación de los testigos más humildes que declararon en 2008 y a partir de allí se absolvió y se consolidó la impunidad para los policías secuestradores y torturadores que operaban en la comisaría 4ª de Cipolletti. Los testimonios de la gente más humilde, más trabajadora fueron desechados y cuestionados. Parece haber surtido efecto la acusación de “Barra Brava” que el defensor de del Magro, Ponce de León, le espetó a Raúl Sotto. Por eso nos queda la impresión que estos jueces tan pulcros y bien vestidos, con salarios tan parecidos a las jubilaciones de privilegio que cobran los milicos y canas retirados procesados, pero veinte veces superiores a los laburantes que fueron a declarar era muy difícil que fallaran tan en contra de su propia clase, la de los privilegios.
Nos queda la profunda valoración de los testimonios que toda la sociedad pudo conocer y saber quién es quién en nuestra región, la condena social y la convicción de que la impunidad se puede vencer y para eso hay que seguir luchando, porque más allá de estas condenas que decepcionan, se ha podido avanzar en demostrar y reconstruir la verdad del genocidio en nuestras propias calles y barrios, algo oculto y casi inexistente para la mayoría hasta hace poco.
También la convicción de que es necesario cambiar al poder judicial, que hay que democratizarlo, hay que hacerlo independiente no sólo de los otros poderes del Estado sino de las corporaciones empresarias, mediáticas, políticas, eclesiales y militares.
7 de noviembre de 2012
Luis Giannini, Secretario General, CTA Río Negro
Foto: www.patagoniafotopress.com
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