Desde la Unter y la CTA Río Negro expresamos nuestro apoyo solidario a la digna postura de la docente Paola Paniza y demás docentes del CEM nº 147 del Barrio Anai Mapu de Cipolletti, frente al intento de criminalizarlos en su accionar como docentes, en resguardo del derecho social a la Educación de sus alumnos y de la dignidad de la escuela pública rionegrina.
La pretensión de la policía de Río Negro de judicializar su denuncia por encubrimiento hacia una compañera que lo que ha hecho es cumplir con su responsabilidad como docente y ciudadana, es una expresión más de la lamentable convivencia en el orden democrático de elementos que piensan y actúan dentro de un paradigma represivo de las fuerzas policiales, que criminaliza a los pobres y a los que los defienden, mientras impulsan la mano dura y el gatillo fácil, tan ligado siempre a la represión mafiosa y al encubrimiento de las peores prácticas delincuenciales en nuestra sociedad, como la trata de personas, el robo organizado y el tráfico de drogas.
Justamente los que tanto hablan de inseguridad, con sus prácticas autoritarias, nada transparentes y corporativas, garantizan la eternización del clima de inseguridad y violencia social que ellos mismos generan, sembrando el temor generalizado en la población para poder controlarla y seguir con sus negocios.
El gobierno de Río Negro ha dado pasos importantes para cambiar el paradigma represivo, con su política de sustituir a la policía del servicio penitenciario, volcándola hacia la prevención más que a la represión, aceptando y reconociendo la formación del sindicato de trabajadores privados de la libertad ambulatoria (Sutpla) en el marco de la CTA Río Negro, con la pretensión de que se cumpla con la ley del régimen de tratamiento penal, el cual impone la educación y el trabajo como paradigma para la “reinserción social” de las personas privadas de libertad, en lugar de la represión y arbitrariedad permanente, tan comunes en nuestras cárceles. También acaba de habilitar una negociación con el sindicato ATE que agrupa a los trabajadores penitenciarios, para debatir la mejora de sus condiciones laborales y salariales. Las recientes expresiones y acciones judiciales del ministro de Educación en defensa de los docentes del CEM nº 147 no dejan dudas de la apuesta por un paradigma democrático e inclusivo de sociedad.
Ahora todos necesitamos que el ministerio de gobierno y la jefatura de la policía de Río Negro tomen medidas concretas para que los sectores de la policía de Río Negro que continúan actuando bajo el paradigma represivo dejen de hacerlo e incluso sean separados y sancionados por su accionar por fuera de las garantías constitucionales hacia la integridad y libertad de las personas, como es este caso de los docentes del cem nº 147, que no es el único ni el primero que ocurre en la provincia, donde la policía ha pretendido ingresar abruptamente a las escuelas creyendo que se trata de lugares donde tiene carta blanca y puede hacer lo que quiera más allá de la organización institucional, de las personas que trabajan y se educan allí, de sus derechos individuales y colectivos y de la jurisdicción pública que tiene sobre ellas un ministerio que los excede largamente en su autoridad y funciones. Quienes hemos estado al frente de instituciones educativas que atienden a los sectores más humildes y excluidos, sobre todo vespertinas y nocturnas hemos vivido en más de un oportunidad esta lamentable colisión de funciones y contradicción con el accionar poco claro, represivo y discriminador de varios elementos de la policía rionegrina. Es hora de que esto empiece a cambiar de una vez por todas.
También sería muy importante que la justicia de Río Negro muestre algún gesto que permita creer que alguna vez podrían ser procesados y condenados los responsables materiales y políticos de horribles crímenes cometidos por la policía en el período anterior, como los asesinatos de los jóvenes Bonefoi, Carrasco y Cárdenas ocurridos en Bariloche en junio de 2010 o el asesinato de Coco Garrido en Bolsón, en enero del mismo año, así como lograr un avance real en la clarificación de otros lamentables crímenes ocurridos en la provincia, como el de Atahualpa Martínez Vinaya, el de Otoño Uriarte, la desaparición de Daniel Solano y tantos, tantos otros. Tanta carga de impunidad contrasta dolorosamente con la injusta e innecesaria prisión preventiva de casi un año a que se sometió a las cinco personas que se acusó de los saqueos en Bariloche en diciembre 2012, cuando los verdaderos promotores intelectuales y políticos gozan de impunidad mediática, empresarial y política garantizada por el antidemocrático, antirepublicano y antihumano orden judicial imperante.
Jorge Molina, Sec. Gral. UnTER
Luis Giannini, Sec. Gral. CTA Río Negro.
