El juez Sergio Barotto del STJ, le dio la razón a la comunidad educativa del CET 6-Ex Escuela Industrial- de Viedma y confirmó nuestras denuncias, respecto de la falta de previsión y mantenimiento en las escuelas y condenó al Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras Públicas a presentar un plan de obras, con su correspondiente cronograma, que no podrá superar el presente año.
Este fallo es la respuesta parcial al amparo presentado por madres y padres, por considerar vulnerados los derechos de estudiantes y docentes a educar y aprender en condiciones dignas. El informe de los peritos probó, entre otras deficiencias, que las luces y los interruptores de corte de emergencia no eran los adecuados, fallas en barral antipánico del sector moldeo-carpintería, escasos matafuegos, mal distribuidos, obsoletos y no adecuados para las instalaciones, además de la falta de provisiones de botiquines para primeros auxilios y farmacia.
Cada punto del dictamen, corrobora nuestro posicionamiento respecto a la responsabilidad del Estado por la situación edilicia que afecta a comunidades educativas en distintos puntos de la provincia, y que se refleja en el extenso informe elaborado por el Departamento de Salud en la Escuela de UnTER, que presentamos ayer por la mañana, a la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz.
Creemos importante destacar algunos puntos de los considerandos que expone el Juez Barotto. A modo de ejemplo, hace referencia al dictamen de la Procuración respecto a que “el denunciado estado edilicio del establecimiento educativo exterioriza el alto grado de vulnerabilidad que revisten los educando que concurren al mismo como así también a la totalidad del personal, lo que pone en crisis derechos constitucionales”.
En otro punto del documento aclara que “son los funcionarios de la Administración, los que tiene que asumir en plenitud el cumplimiento de sus deberes sin que sea necesario, que para que funcione un servicio público, el educando, (…) en definitiva, el ciudadano, tenga que dirigirse recurrentemente al Poder Judicial para que actúe”. Además, advierte que la falta de recursos o la ausencia de planificación no son justificativos para el incumplimiento del deber jurídico de protección que le compete al Estado.
Finalmente, resuelve condenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos y Ministerio de Obras públicas a presentar un cronograma de obras que deberá contemplar la totalidad de las prescripciones indicadas por el perito en Seguridad e Higiene, Aníbal Ortiz de la Canal.
Además, ordena la instalación de un sistema que permita la extracción al exterior de los gases que se producen al momento en que las y los estudiantes realizan prácticas de soldadura, con indicación precisa de los funcionarios directamente de efectuar cada una de las tareas que se detallan en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación oficial y que las obras deberán ejecutarse en un plazo que no puede superar el presente año lectivo.
Respecto al reclamo de la comunidad educativa por la situación generada a partir de la presunción que dos transformadores eléctricos, utilizados para las prácticas, contenían PCB, el magistrado declaró que sería improcedente adoptar medidas pues ya estaba interviniendo el organismo competente. Cabe aclarar que, ayer, las madres autoconvocadas, presentaron una denuncia penal contra la secretaria de Medio Ambiente, Laura del Valle Juárez, por posible incumplimiento de deberes de funcionaria pública, pues se negó dar a conocer los resultados de los análisis realizados.
Esta condena es un paso más, en defensa de los derechos de estudiantes y trabajadores/as, continuamos adelante en esta lucha con la plena convicción que enseñar y aprender en espacios saludables es un derecho humano que el Estado debe garantizar.
Viedma, 13 de agosto de 2014.
Marcela Medina, Secretaria de Salud en la Escuela
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa Comunicación y Cultura
