Recordamos a Mariano Ferreyra a cuatro años de su asesinato bajo las balas de la patota sindical de la Unión Ferroviaria, bajo las órdenes de José Pedraza. Hoy, los responsables ideológicos y materiales están presos, sin embargo, las condenas todavía no fueron ratificadas por Casación, y tampoco se erradicó el trabajo tercerizado y precario, por ello mantenemos sus banderas de lucha, por la dignidad de trabajadoras y trabajadores.

Mariano era un joven estudiante, militante del PO que marchaba el 20 de octubre de 2010 junto a trabajadores tercerizados que protestaban contra las condiciones de precarización laboral que se registraban en la ex línea Roca. Fueron atacados por una patota encabezada por Pablo Díaz y Cristian Favale, mientras que la policía dejaba la zona liberada. El joven fue herido de muerte y los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron alcanzados por las balas de Favale y Gabriel Sánchez.

En febrero de 2011, José Pedraza quedo detenido junto con Fernández, y el 6 de agosto de 2012, se inició un juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral 21 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia condenó en abril del año pasado, a 15 años a Pedraza y Fernández, como instigadores, en tanto que Favale y Sánchez fueron encontrados culpables de la autoría material de la muerte de Ferreyra, y recibieron una pena de 18 años igual que Pablo Marcelo Díaz. También fueron condenados Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, 11 años y Claudio Alcorcel a 8 años.

Durante el proceso se comprobó además la complicidad policial en el hecho, y, por ello, los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron 10 años, sin embargo nunca fueron exonerados. El pasado 10 de octubre, el Tribunal rechazó un pedido para concederle a Pedraza, de 71 años, el beneficio de la prisión domiciliaria por entender que en el Penal de Ezeiza, donde está alojado, “posee todos los elementos para brindarle una correcta atención”.

La movilización popular y la actitud de un poder político que no obstaculizó la acción de la Justicia, hicieron posible que se llegara a una condena, que no fue a perpetua como lo exigian las organizaciones, pero que si fue aceptada por su familia. Sin embargo la lucha por obtener justicia aún no terminó porque a más de un año de la sentencia contra los autores del crimen, las condenas no fueron ratificadas por la Cámara de Casación, a cargo del juez Eduardo Riggi, denunciado por sobornos.

Esta causa surgió a partir de escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López, descubrió que dos meses después del crimen, Ángel Stafforini, contador de Pedraza, intentó sobornar a los jueces federales Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo para manipular el sorteo que definía en qué sala de Casación recaería la situación del dirigente gremial José Pedraza.

Acompañamos y hacemos nuestra la denuncia contra la corporación judicial que mantiene en su seno a integrantes designados por la dictadura, como Riggi y que durante años han mantenido fuertes lazos con los sectores más reaccionarios del sindicalismo y la patronal.

También exigimos el fin de la precarización laboral, que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente a jóvenes de los sectores populares, como lo fue Mariano.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 20 de octubre de 2014.

Luis Genga, Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura