Mientras que se demoran los arreglos en las escuelas dependientes del Estado provincial por falta de fondos, nos enteramos por los medios que por decreto parte del erario público se destinará a solventar gastos de entidades privadas, como sucede con el aporte de 1.000.000 de pesos no reintegrables que se le otorgó al Colegio de Abogados de Viedma, para la construcción de su edificio.

Consideramos que esta definición es absolutamente arbitraria e inoportuna, considerando que aún existen instituciones educativas con serios problemas de mantenimiento e infraestructura que hemos denunciado desde UnTER y que no tienen soluciones a la vista, en muchos casos por falta de presupuesto.

Entendemos que el monto otorgada al Colegio de Abogados se suma a los aportes que subsidian a escuelas privadas, que además cobran un arancel, a los pagos por servicios tercerizados en distintas áreas del gobierno, porque no se implementan políticas públicas de atención a la salud, educación y de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre otros egresos.

Todo esto que ponen de manifiesto la falta de planificación y la injusta distribución que realiza el gobierno provincial del presupuesto en obras o aportes que no responden a las necesidades más urgentes de las comunidades. Exigimos un cambio urgente en estos criterios y se garantize primero el derecho a la educación, la salud y la atención de las familias, y después a los privados.

                                                                                                                                 Gral. Roca, Fiske Menuco, 16 de julio de 2015

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura