El mártes 15 de marzo, la comunidad de la Escuela 196 de Villa Alberdi, Villa Regina, en asamblea, definió la suspensión de clases hasta tanto se les garantice a estudiantes y trabajadores/as las condiciones de habitabilidad para el normal desarrollo de clases.

Acompañados por la Delegada de Salud, Alto Valle Este , Magda Gigante y referentes de la Comisión Directiva de UnTER Seccional Villa Regina, encabezados por la Secretaria General Silvana Inostroza,madres y padres convocaron a las autoridades provinciales y municipales con el objetivo de exigir una solución a la problemática edilicia, reclamo que data de años y que solo consigue evasivas por parte del gobierno.

La escuela está ubicada en el sector rural de Villa Regina, cuenta con una matrícula de casi 250 estudiantes. Que cursan en un edificio que tiene más de 60 años, que se construyó por etapas, en función de resolver lo inmediato, sin un criterio coherente en la construcción. El año pasado, desde UnTER se denunciaron los graves problemas estructurales,con riesgo de derrumbe, en el sector más antiguo de la escuela. Sumado a esto existe riesgo eléctrico, falta de calefacción, cuando llueve se inundan los patios y las aulas, Además, en los alrededores existen numerosa cantidad de pozos ciegos , con las tapas destruidas que representan un riesgo permanente.

A mediados del 2015, se realizó un abrazo simbólico a la escuela, porque la impericia del gobierno no había garantizado siquiera el mantenimiento, ya en ese momento se le advirtió al Ministerio que la comunidad seguiría exigiendo un nuevo edificio, pues no era admisible permitir continuar en esas condiciones. a fines de año, el Vocal Gubernamental Fernando López, se comprometió a gestionar un nuevo edificio. Con el inicio del ciclo léctivo 2016, la situación no cambió y el hartazgo se hizo evidente.

Desde el Departamento de Salud de UnTER, se  presentaron numerosos reclamos, tanto en reuniones de Comisión como en el ámbito paritario, exigiendo que cada funcionario de infraestructura de provincia, cumpla con sus obligaciones, porque es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas.

Advertimos, que acompañaremos a todas las comunidades que decidan alzar su voz, frente al avasallamiento de los derechos de sus hijos e hijas, y de los/as trabajadores/as, al mismo tiempo que exigiremos la renuncia de todo funcionario/a que no esté a la altura de sus responsabilidades, no admitiremos ninguna excusa más porque no solo ponen en riesgo la posibilidad de acceder a la educación, ponen en riesgo la vida de cientos de estudiantes y trabajadores/as.