Frente a los rumores sobre la posible venta de acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –FGS-, UnTER expresa su rechazo ante cualquier intento de avasallamiento a los derechos de jubiladas y jubilados. Consideramos que el Estado nacional cuenta con fondos suficientes para garantizar el reconocimiento de los juicios que debe pagar ANSeS, con lo que recibe mensualmente: el 60,2 % de Aporte y contribuciones de los/as trabajadores/as y el 39,8 % de los Recursos tributarios. Dentro de estos últimos se detallan el 17,5 al IVA, el 16,6 al Impuesto a las Ganancias y el resto a Combustibles, Cigarrillos, Monotributo Impositivo; impuesto a los créditos y débitos bancarios, e Impuestos internos coparticipables y otros. 

 

Por este motivo, resulta preocupante la versión publicada el 25 de abril, por el Diario Ámbito Financiero bajo el tìtulo “ANSeS, estudia vender acciones para pagar juicios a Jubilados”, en la que se apela a la Derogación de la Ley Nº 27181/15. En esta norma, su Artículo 1º expone: Objeto. Declárase de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de julio de 2007 y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.” 

 

Recordamos que para efectuar dicha modificatoria se requiere según el Artículo 20: “Mayoría especial. La autorización exigida por el artículo 1° requerirá del voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Honorable Congreso de la Nación.” 

 

Por todo lo expuesto, esta seudo propuesta del gobierno nacional, que hoy daría solución al pago de juicios por haberes mal liquidados entre los años 2001 y 2002, conlleva al vaciamiento de la “Caja Solidaria”. Desfinanciamiento de la Caja nacional, que implica el riesgo de no garantizar más aumentos genuinos para jubilados y pensionados, falta de cancelaciones de otros juicios y además, posibles modificatorias en las leyes previsionales, tal lo manifestado por el actual Jefe de ANSeS, Emilio Basavilbaso.  

 

Tenemos memoria, por eso nos queda claro que estamos ante la probabilidad de un nuevo negocio entre amigos y la instalación de un nuevo proceso de desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones permitirá, en un futuro no muy lejano, se vuelva a los negociados de Cavallo y las grandes corporaciones. 

 

Por ello, no es un hecho aislado esta posible venta, por el contrario, es una cuenta regresiva, que se suma a los comentarios que circulan sobre la modificación de la Ley de jubilaciones respecto del aumento de la edad para acceder a la jubilación. Bajo el pretexto de  la “necesidad de pagar los juicios”, se pretende instalar la definición de los poderosos para recuperar sus propias acciones y de paso dejar sin garantías las situaciones futuras de la Caja y de los/as jubilados/as.

 

Recordemos que el año pasado, ANSeS emitió una circular que pretendió modificar la Ley Previsional Docente Nº 24016, respecto del cálculo del haber jubilatorio, tomando como referencia los últimos doces meses consecutivos en el cargo u horas cátedras y no el último haber al cese, como establece la legislación superior. Circular que rechazamos como organización, y sobre la que nada ha dicho el nuevo gobierno.

 

Por ello, desde UnTER exigimos a los y las representantes en las cámaras legislativas y los sindicatos nacionales que no miren al costado para permitir la derogación de la Ley, que dejará en la indefensión tanto a jubilados/as, como a quienes lo serán en el futuro.

Convocamos al conjunto de jubilados/as a estar atentos ante estos procesos para no permitir nuevos avances sobre nuestros derechos, como también a repudiar lo que  ya se está haciendo con los/as trabajadores/as en actividad.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 26 de abril de 2016.