Si revisamos la historia de la vida cotidiana,en numerosas culturas,  se observa  que son  las mujeres quienes más se dedicaron a la atención de la salud, en principio de sus seres más cercanos y luego, en la sanidad social.

Como un mandato cultural, se naturalizó que la mujer debía dedicarse a los demás, mientras relegaba a un segundo plano el cuidado del propio cuerpo,  salvo en tiempos de pariciones y maternidades,pero solo como una forma de mantener la continuidad de la especie humana y no como un derecho fundamental e inhalienable.

Esta situación fue analizada en numerosos debates hasta que, en 1987, en el marco del V Encuentro Internacional de Salud de las Mujeres que se desarrollaba en Costa Rica, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos,  planteó la urgencia de luchar por lograr mayor participación en las políticas públicas en el área de la salud sexual y reproductiva . En este contexto, se declaró el 28 de mayo como fecha especial para visibilizar reclamos y exigencias a nivel internacional.

Casi tres décadas después, los avances son escasos, en pocas facultades se enseña el ejercicio de la medicina desde la perspectiva de género. Pese a la  sugerencia de la OMS, no existe en la salud pública, esta mirada que permite determinar cómo difieren los resultados, experiencias y riesgos sanitarios entre hombres y mujeres, niños y niñas, y para actuar en consecuencia. A modo de ejemplo, gracias a las campañas de difusión, casi cualquier persona puede reconocer los síntomas previos a un paro cardíaco, lo que no saben es que estas señales se dan solo en el cuerpo de los hombres, mientras que en las mujeres la sintomatología es diferente, aunque el riesgo de muerte es el mismo.

Pese a las numerosas campañas, el cuerpo de las mujeres sigue siendo rehén de mandatos patriarcales, la punta del iceberg es la violencia, que en expresión más dura, en nuestro país, mata a una mujer cada 30 horas.

Pero existen otras, como la obstétrica,  que produce sufrimiento psicológico y físico tanto para la madre como para el/a bebe. Mucho peor, la pasa quien pasa a ser sospechosa de intentar alguna práctica abortiva. Hace pocas semanas, los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenaron a ocho años de cárcel por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” a Belén, una joven de 25 años que sufrió un aborto espontáneo y que desde el primer momento en que pisó el hospital con una hemorragia, padeció diferentes formas de tortura y tratos degradantes por parte del personal sanitario y los médicos forenses.

En nuestro país urge tomar definiciones para la protección de la salud de las mujeres. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a muerte al 27 % de mujeres gestantes. Si tenemos en cuenta que según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, se producen alrededor de 500 mil abortos anuales, negar la existencia de la práctica contribuye al negociado del aborto clandestino que mueve millones por año. Por ello,  “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” planteados como objetivos de las organizaciones que luchan por la legalización del aborto se convierten en mucho más que un lema,  son  una declaración de principios que debe ser escuchada e implementada.

Lo mismo sucede con la Ley de Educación Sexual, promulgada hace 10 años, aun es resistida en algunas provincias. Si bien está vigente,  la  Ley 25.919 de parto humanizado persisten prácticas discriminatorias y de mal trato; que se agudiza contra mujeres originarias, jóvenes y/o provenientes de los sectores populares.

También, pese a que se reglamentó la Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, las obras sociales obstaculizan burocráticamente  los tratamientos.

Párrafo aparte merecen las prácticas prejuiciosas y discriminatorias contra  las mujeres lesbianas, bisexuales y trans  quienes no tienen plenamente garantizado el acceso a la información y tratamientos para el cuidado de su salud en las instituciones estatales y privadas, además de las actitudes discriminatorias que padecen a través de los medios masivos,e incluso en el quehacer cotidiano

A través de la lucha se generó un marco legal que protege la salud de las mujeres; por ello como cada año continuamos exigiendo exigimos su implementación efectiva.

• Entrega gratuita de anticonceptivos en todos los centros de salud.
• Acceso a la anticoncepción quirúrgica: ligadura de trompas y vasectomía.
• Aplicación del protocolo de atención de abortos no punibles.
• Garantía del derecho a un parto y nacimiento humanizado, Ley nacional Nº 25.929.
• Que las obras sociales y el IPROSS garanticen los tratamientos de fecundidad y fertilización.
• Garantía de espacios de prevención, contención y asistencia frente a la violencia de género.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 28 de mayo 2016.

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Marcela Medina, Secretaria de Saud en la Escuela
Luis Genga, Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades