Una vez más, como sindicato debemos denunciar a este gobierno neoliberal por utilizar a la clase pasiva para hacer política barata. El proyecto enviado al Congreso como “Reparación Histórica” en realidad esconde una amnistía fiscal para evasores y un engaño para quienes supuestamente serían beneficiarios/as.
No se van a liquidar las sentencias judiciales firmes, ni se aplicará la jurisprudencia de la Corte Suprema, esto implica que aquellos que han estado años litigando no entrarían, como tampoco los que se jubilaron después de diciembre de 2006, ni docentes ni ningún otro con regímenes especiales.
Es válido aclarar que no es necesaria una ley para esto. El 4 de noviembre de 2009 se firmó, en la ciudad de Washington, un acuerdo de solución amistosa por una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995 (causa “Menéndez, Caride y otros”). El Estado argentino se obligó a cumplir 3 puntos. En el primero estaba contemplado aplicar estrictamente lo que ordenaba la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad Social y, principalmente que “todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma (…) Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra¬normativas no será aplicable”. Asimismo, el Estado pactó “no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se haya expedido.”
En definitiva, el Estado firmó un acuerdo en sede internacional, por lo tanto esta obligado a cumplirlo, si no lo hace las consecuencias diplomáticas son graves. Hoy nos encontramos ante la disyuntiva de denunciar el acuerdo en la OEA y solicitar que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un nuevo avasallamiento en los derechos de los jubilados/as y pensionados/as que representamos.
El proyecto de Ley que analiza el Congreso representa una confiscación encubierta de la deuda, ya que se piensa solo abonar una parte, poniendo en juego la sustentabilidad del sistema en su conjunto y permitiría una reforma del sistema previsional sin incluir los conceptos de público y de reparto en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo el armado del proyecto de reforma que incluirá, como se anunció públicamente, elevar la edad jubilatoria. Significando un retroceso para los y las trabajadores/as en derechos previsionales.
El Fondo de Garantías Sustentables (FGS), es un fondo de los/las trabajadores/as para los/las trabajadores/as y administrado por el Estado. Arbitrariamente el gobierno se apodera de estos, por una causa de “Reconocimiento” como pregona Macri. Esta decisión lo único que provoca es su quiebra y lo sufren los propios trabajadores/as. No hay sistema posible sin capitalización de los fondos públicos. Una vez quebrado, el único camino que queda es el de la privatización previsional, algo que ya conocimos en un pasado no muy lejano y que rechazamos de plano.
Por ello, nos declaramos en estado de alerta permanente en defensa de los derechos de toda la clase pasiva docente y exigimos a diputados/as y senadores/as nacionales que representan al pueblo de Río Negro que defiendan los derechos conquistados y que no permitan el uso discrecional de los Fondos de Garantías Sustentables para dar previsibilidad a los actuales y futuros jubilados/as.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 07 de junio de 2016.
Sonia Perugini, Secretaria de Retiradas/os y Jubilados/as
Mario Floriani, Secretario General
