Todo depende del cristal con que se mire, dice el refranero popular, lo mismo se puede aplicar a la lectura de las estadísticas. No es casual que el titular del diario de hoy, mencione la cantidad de docentes que toman licencias y no aclare qué significa, en promedio, cuatros días de ausencia al año, por enfermedad, ni que la medición se realiza por cargo y no por agente.

 

A su vez, la nota pone en evidencia las consecuencias para la salud que provoca permanecer en el aula bajo condiciones mínimas de higiene e infraestructura en los establecimientos. Afecciones respiratorias y gástricas están directamente relacionadas la falta de gas y agua, con desbordes cloacales, problemas eléctricos y estructurales.

 

Frente a un conflicto salarial, el gobierno prefiere instalar un debate falaz, antes que dar respuesta a los justos reclamos. Es interesante ver como la funcionaria Analía Soriano entrega documentación al periodismo, pero se niega a discutir con UnTER las causas que afectan a la salud del sector, como son edificios que no superan un inspección de seguridad, aulas superpobladas, falta de insumos para higiene, recorte en comedores y transporte, entre otros aspectos.

 

El informe sobre licencias, publica datos seleccionados por la patronal. Lamentamos que se ignore el trabajo que realiza el equipo de Delegados/as del Departamento de Salud de UnTER, a quienes recurre el periodismo, cuando necesita precisiones sobre el tema. Como así también, que se desconozca la investigación del equipo de profesionales del Móvil de Salud del sindicato que recorre escuelas rurales y de los parajes desde el 2014. Sistematización que se presenta en reuniones paritarias y de comisión, para exigir respuesta frente a la escasa o nula política de prevención y atención. Será que prefieren ingnorarla, porque esta documentación certifica un dato más que significativo: la mayoría docente suele concurrir enferma a trabajar, con la gravedad que esto implica.

 

Desde UnTER, se denuncia permanentemente el riesgo al que se somete a las comunidades educativas, con el único objetivo de mantener las estadísticas de días de clase. Solo importa la permanencia, no las condiciones. La patronal opta por desviar el debate, culpar a estudiantes y docentes por las roturas, a porteros/as por la falta de insumos, al Estado nacional por la falta de recursos y así al infinito, porque siempre la culpa es del otro.

 

Sería interesante conocer las estadísticas de otros sectores, especialmente de las y los funcionarios, a quienes no se los ve asiduamente en sus lugares de trabajo, ni tampoco contestan los teléfonos cuando se los requiere para resolver, por ejemplo, qué hacer dentro de un escuela congelada, o desbordada de aguas servidas. La misma Analía Soriano, suele demorarse más de lo aceptable cuando se le exige respuesta a problemáticas que requieren urgente solución. Sucede lo mismo con Adrian Carrizo, a quien es más fácil verlo en los portales de noticias, que en las escuelas afectadas por una infraestructura derruida.

 

Párrafo aparte merecen el funcionamiento irregular de IPROSS, la escases de prestadores, el cobro ilegal del plus, como también el acotado análisis de los motivos respecto de licencias por atención médica. En una provincia con ciudades donde no existen especialistas ni siquiera para arreglar una muela, lo que obliga a trasladarse varios kilómetros para obtener un turno. Situación que se agrava si la afección requiere largo tratamiento, que obliga a continuos viajes, incluso a permanecer lejos del hogar hasta finalizarlo. Realidad que no ven los funcionarios de escritorio, cuando mandan a descuento o niegan las excepciones, pese a los informes médicos. Son los mismos que se encargan de obstaculizar la implementación de la Ley 5059/15, para la atención de enfermedades neoproliferativas y graves, la demostración más cruel de cómo la burocracia puede postergar la condición humana.

 

También repercute negativamente en la salud de las y los docentes, tanto la falta de creación de cargos, como para acompañar a estudiantes en el marco de la inclusión o con niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, realidad que va recrudeciendo en este nuevo contexto económico de ajuste, que estalla en las aulas, y requiere urgente solución desde una perspectiva integral.

 

Nada se resuelve con el recorte de derechos, como no se cura la gripe reprimiendo el estornudo. Exigimos que la patronal asuma su responsabilidad de garantizar condiciones dignas de enseñar y aprender. Es su obligación arbitrar los medios de prevención y atención a la salud, lo que implica designar funcionarios/as que conozcan la realidad y se comprometan a llevar adelante políticas acordes a las necesidades de nuestro pueblo.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 31 de julio de 2016.