El Consejo Directivo Central y la Vocalía Gremial docente, exigieron al ministerio la inmediata derogación de las Resoluciones 3362/16 y 3367/16 que definieron la separación del cargo de las compañeras Supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti, firmadas unilateralmente por un vocal a cargo del cuerpo colegiado y sin intervención de la Junta de Disciplina docente, lo que implica una clara violación a la normativa docente.

 

Es evidente que esta definición es parte de la política de persecución y disciplinamiento en el marco del conflicto. Política definida por la patronal y concretada por sus funcionarios/as para dividir al colectivo docente, provocar enfrentamientos con la comunidad y desvirtuar la realidad que atraviesa al conjunto de trabajadoras y trabajadores.

 

La contundencia en la adhesión de los sucesivos paros, las marchas multitudinarias en diferentes puntos de la provincia son la mayor demostración de la fortaleza que sostiene a las y los docentes en el plan de lucha. Sin embargo, el gobierno optó por el silencio y los buenos oficios de sus acólitos para tratar de debilitar la lucha. Sin embargo, cada acción que realizan se les vuelve en contra, porque de hecho son insostenibles, así debió bajar del aire un spot mentiroso y mal intencionado, que multiplicó hasta el hartazgo, despilfarrando los recursos de miles de rionegrinos/as, que bien podrían invertirse en provisión de insumos, transporte y comedores.

 

Sumado a esto, llega a las escuelas planillas para que los equipos directivos se autodenuncien junto a sus compañeros/as que pararon los días 13 y 14 pasados. Documento que fuera distribuido con una celeridad poco frecuente por parte de los coordinadores zonales, mientras que demoran eternidades para definir qué hacer cuando desde una escuela se exigen soluciones por falta de gas, luz, invasión de plagas u otras falencias.

 

Mucho más complejo es el camino para solicitar los cargos necesarios para el funcionamiento del sistema. Así sucedió con el reclamo de los cargos para Nivel Inicial de Cipolletti, para garantizar el acceso a la educación de niñas y niños de sala de 4. Desde antes del inicio del ciclo lectivo desde la Secretaría de Nivel Inicial del CDC se han realizado numerosas presentaciones exigiendo la creación de jardines, nuevas salas y cargos, hasta que fue necesario recurrir a la justicia e incluso ante la Defensora del Pueblo. Recursos que fueron contestados favorablemente en estas últimas semanas, exigiendo al Estado que arbitre todas las medidas necesarias para garantizar a todos los niños y niñas el derecho a la educación.

 

Frente a un reclamo justo, en vías de solucionarse, la patronal, con la excusa de cumplir con la justicia aceleró los tiempos y actuó penando a las compañeras supervisoras desconociendo al organismo provincial que, por Estatuto, tiene facultades de intervención para la resolución de situaciones conflictivas como es la Junta de Disciplina.

 

Además las Resoluciones se definieron solo con la firma del gubernamental, desconociendo a la Vocal Madre y a la representación docente, en la figura de la compañera Sandra Schieroni. Quien ha denunciado que desde el inicio del conflicto, se le ha retaceado información y limitado su accionar dentro del Consejo de Educación.

 

Es necesario recordarle a la patronal, que estamos a pocos días de un nuevo Congreso de UnTER, órgano máximo para la toma de definiciones, en el que, de no mediar convocatoria a paritarias ni el cese de medidas persecutorias seguramente se volverá a votar por unanimidad la realización de medidas de acción directa, que seguramente se endurecerán porque la paciencia ya llegó a su límite de tolerancia.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 16 de septiembre de 2016.