Con la confirmación del cronograma de Asambleas “soberanas” de concentración para la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, el gobierno de Río Negro definió avanzar con el conflicto educativo en el 2017.  

 

En todos los espacios, UnTER denuncia, que este proyecto es una reforma destinada al fracaso por improvisada e inconsulta, porque no solo avasalla derechos laborales, sino también el derecho social de la educación de miles de jóvenes pese a los eufemismos de cambios de paradigmas, que pregonan la Ministra Silva y sus funcionarios/as

 

La implementación de la ESRN de manera simultánea en los 93 establecimientos secundarios comunes, sin garantías presupuestarias ni pedagógicas, es un acto irresponsable por parte de un gobierno que mes a mes debe salir a mendigar fondos para pagar salarios.

A una semana del inicio de las asambleas, todavía no hay claridad respecto del régimen de compatibilidades, incumbencias de títulos, ni el currículum con el que se trabajará. Por lo tanto, esta decisión es lisa y llanamente un incumplimiento de los deberes de cada funcionario/a del Ministerio de Educación, porque pone a 70.000 estudiantes a merced del ensayo-error. Para el gobierno será un experimento, mientras que para estos jóvenes representará la posibilidad de perder la oportunidad de acceder con conocimientos a la educación superior y/o el mundo del trabajo.

 

Pese a los intentos del Ministerio y algunos críticos funcionales, de deslegitimar el rechazo de UnTER, también son las comunidades educativas que dicen No a la implementación de la reforma en el 2017, porque es posible visibilizarlo como un edificio sin terminar que ya tiene grietas en sus bases.

 

Basta recordar que en menos de 40 días, la Ministra cambió su postura, sin demasiado prurito: El 15 de diciembre de 2016, tras la reunión de UnTER, con el gobernador, declaró que el proyecto se aplicaría en algunas escuelas, una semana después especificó las ciudades y explicó con quienes se realizará el monitoreo de esta etapa. Dos semanas después, ya iniciado enero de 2017 anunció la implementación en la totalidad de establecimientos educativos comunes de Río Negro.

 

Mucho más grave que las contracciones ministeriales es el anormal funcionamiento del órgano colegiado del Consejo Provincial de Educación, que atenta contra la Ley provincial de Educación, porque un vocal a cargo pudo firmar resoluciones inconsultas que afectan al sistema educativo, estudiantes, sus familias y trabajadores/as de la educación, los Consejos Escolares no funcionan, ni siquiera tienen la representación exigida por la normativa vigente. En este marco de irregularidades en el que es el propio gobierno quien viola la Ley, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía que se le garanticen sus derechos básicos? Ninguna.

 

Como representante del conjunto de trabajadores/as de la educación, UnTER no solo exige garantías laborales y disputa salarios. También, y como principio fundante, defiende a la educación pública como un derecho del pueblo que hoy está en riesgo. Por mandato de Congreso y decisión de las comunidades educativas, está decidida la resistencia a las asambleas. Acción que será un paso más hacia un conflicto que marcará el camino al No inicio del ciclo lectivo 2017.

 

Gral. Roca-Fiske Menuco, 24 de enero de 2017.