Como una escena repetida, en Río Negro 80.000 trabajadoras y trabajadores estatales sufren el recorte de su derecho a la salud por falta de prestaciones de la obra social IPrOSS, por la suspensión del los servicios que prestan las clínicas y sanatorios, debido a pagos adeudados. 

 

A la falta de cobertura en Bariloche, desde el viernes 10 se suman el Alto Valle por el reclamo de una deuda millonaria con la Federación de Clínicas de Río Negro –FeCliR- .

 

Esta situación, se suma a las denunciadas practicas burocráticas que deben padecer afiliados y afiliadas cuando necesitan atención a la salud que implican mal funcionamiento, limitaciones en las prestaciones, cobro de Plus, pago obligado de tratamientos que se reintegran con meses de demora, entre otros padecimientos.

 

Como así también las trabas impuestas al reconocimiento de la Ley provincial 5059, que encuadra a trabajadores/as estatales que padecen enfermedades neoproliferativas y oncológicas, quienes deben recurrir a la justicia para acceder al tratamiento correspondiente.

En el caso de las y los docentes, la situación se agrava frente a la decisión del ministerio de imponer mecanismos de control sobre licencias, con el claro objetivo de culpabilizar al docente, sin considerar que la mayoría de sus afecciones son producto de las deficiencias del Estado como la precarización laboral, escuelas en malas condiciones, sobrecarga emocional entre otros factores. Por consiguiente el corte de prestaciones, obliga a quien se enferma a pagar onerosas sumas para tratarse y además estar más preocupado por atender los trámites para justificar su afección que tratar de curarse.

 

UnTER exige la inmediata regularización de las prestaciones. Con la convicción que nadie debe ser rehén de los errores y defectos de un Estado inoperante. El Estado es el único responsable de implementar políticas apropiadas que garanticen el correcto funcionamiento de la obra social estatal.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 11 de febrero de 2017.