En el encuentro, el gobierno reiteró su intención de imponer unilateralmente los Centros de Educación para Jóvenes y Adultos en los establecimientos educativos. Cambio resistido  tanto por referentes de los centros penitenciarios, estudiantes, sindicato, organizaciones sociales como por la  justicia. 

 

La compañera Clara Busso, Secretaria General de UnTER Viedma, participó como vocera de la organización sindical y el Observatorio debido a que la modificación a último momento en el horario, previsto originalmente para las 17:30, y que se adelantó a las 9:00, impidió la participación por UnTER de la Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades, Viviana Orellano, ni del Secretario de Nivel Medio, José Luis Burgos, tampoco de otros referentes de organizaciones sociales que tenían previsto viajar a Viedma para asistir a la reunión pautada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Este hecho, es solo una muestra de la desprolijidad con la que se está manejando el gobierno en ésta y otras áreas educativas donde pretende imponer un ajuste pedagógico y laboral.

 

El gobierno pretendió argumentar que éste cambio está orientado a la inclusión de mayor cantidad de estudiantes, que no modifica la presencialidad y garantiza la posibilidad de continuar su aprendizaje en cualquier escuela de la provincia a quienes obtengan la libertad mientras están cursando. Sin embargo, lo que marca la normativa publicada es totalmente diferente pues establece una estructura modular, con una parte semipresencial, sin el acompañamiento de docentes en el espacio áulico, sino que reduce esta tarea a un seguimiento a cargo de tutorías, lo que prácticamente desarticula la construcción de hábitos, estructuras vinculares y formación para la vida fuera de los penitenciarios.

 

UnTER denunció que esta propuesta es una ajuste pedagógico y laboral que recorta conocimientos en áreas curriculares, reduce la cantidad de horas cátedra, por consiguiente de docentes y cargos dentro de la escuela y que terminará estigmatizando a quienes logren egresar porque este proyecto solo abarca a un promedio de 400 estudiantes que representan apenas un 5% de la totalidad de estudiantes de todos los CEM y CENS. Por consiguiente es absolutamente falsa la afirmación de que se podrá continuar en cualquier establecimiento de jóvenes y adultos, de hecho, esta propuesta es inédita en el país.

Se planteó, además, que  en el nuevo sistema no se tiene en cuenta el seguimiento pedagógico de las y los estudiantes, porque será semipresencial, lo que indica el desconocimiento de la realidad que se vive en las cárceles de Río Negro, con pabellones sobrepoblados y graves problemas estructurales. Problema que afecta a numerosas escuelas de la provincia que se ha denunciado sistemáticamente, y que solo se sostiene por el compromiso de las y los docentes en la tarea cotidiana. Si es tan complejo aprender y enseñar en las escuelas comunes, ¿qué se puede esperar de las que se encuentran tras los muros?

 

Una vez más, se propone un proyecto sin consultar a quienes trabajan dentro del sistema, solo se toma en cuenta las excepciones las situaciones de internos que  por diferentes razones no pueden asistir a clase y para quienes se fueron implementando propuestas alternativas. Situación que no reflejan la realidad que se vive en todos los anexos secundarios, donde se logró quintuplicar la matrícula en los últimos años y reducir al mínimo la reincidencia de quienes efectivamente cursaron sus estudios, reivindicando el trabajo áulico como la oportunidad de formar hábitos entre quienes casi no los conocieron y fortalecer vínculos de solidaridad y confianza entre educador/a y educando.

 

Por su parte, los jueces reiteraron que este proyecto es contrario a lo que fija la Ley, no responde al objetivo de resocialización y no ofrece las garantías que hoy brindan los CENS, que pueden mejorarse, pero no desestimarse por un proyecto acotado que de no resultar, significará un grave retroceso para estas comunidades. Frente a la requisitoria de UnTER y Justicia de precisiones a la nueva Secretaria de Derechos Humanos, también se puso en evidencia el desconocimiento del tema de la flamante funcionaria que asumió en el cargo en el día de ayer.

 

De la reunión participaron, además de la compañera Busso, los jueces de Ejecución Penal de Bariloche, Viedma y Roca-Fiske Menuco: Martín Arroyo, Ignacio Gandolfi y Juan Pablo Chirinos. Por educación  la directora General Claudia Chalabe; la Secretaria Técnica de Educación de Adultos, Romina Faccio; la referente de Educación en Contexto de Encierro, Marcela Strahl y , Ana Paula De Rosa, de la Secretaria de Derechos Humanos. Por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el secretario, Marcelo Esteves y el subdirector General del Servicio Penitenciario, Darío Chacón. 

 

En la reunión del 15 de diciembre se le advirtió al gobernador y a sus funcionarios, que UnTER continuará exigiendo todos los espacios necesario para debatir cualquier modificación en el sistema educativo, el respeto a  la normativa vigente,  que determina que  todo cambio en las condiciones laborales debe trabajarse en el ámbito paritario y los cambios curriculares con la participación de todos los actores. Es inadmisible que sea el propio gobierno quien avasalle la Ley que rige los destinos de todas las comunidades educativas.

 

Gral. Roca-Fiske Menuco, 17 de febrero de 2017.