La inscripción virtual, último intento del gobierno para imponer su proyecto de la Nueva Escuela Secundaria en Río Negro, aparece en estos días como una mala comedia de enredos. Cada uno con su propio guión, pero el director no aparece. El problema es que el conflicto está en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. La Ministra Mónica Silva declara una cosa, sus funcionarios firman UN Acta con UnTER con el mismo criterio, pero el Vocal Gubernamental Omar Ribodino hace lo contrario. Desde las supervisiones se emiten Notas Múltiples opuestas a las directivas ministeriales. ¿El poder lo tiene Silva, Ribodino o funcionarias de tercera línea? ¿Con este mismo criterio discutieron el modelo de la ESRN, armaron el diseño curricular y el proyecto de trayectorias escolares? ¿En manos de quién se encuentra el destino de 70.000 estudiantes secundarios y las garantías laborales de las y los docentes? 

 

UnTER denuncia esta metodología impuesta con el único objetivo de desarticular la férrea oposición del colectivo docente a la ESRN, que se traduce, hasta el momento, en las más de 2.500 negativas, firmadas en escuelas de toda la provincia, por acuerdo entre docentes, en asambleas o publicadas por las redes sociales, que incluyen el reclamo de docentes del CEM 58 de Los Menucos, que se encontraron, pese a su negativa, incluidos en una Resolución emitida unilateralmente en la última sesión del CPE, con rechazo expreso de la Vocal Gremial Docente, Sandra Schieroni.

 

Exigimos al Ministerio que respete los compromisos firmados ante la Secretaría de Trabajo y que se organice de una vez. Es inadmisible tanto despropósito en áreas tan sensibles. Mientras que la Ministra Silva, declara en los medios de Viedma que “si en el consejo escolar no se inscriben la mitad más uno de los docentes, entonces en ese consejo escolar los docente han entendido que no están interesados y nosotros no aplicaremos la escuela”. En paralelo, el Vocal Gubernamental Ribodino advierte, por las redes sociales, que quien no se inscriba perderá su puesto laboral, borrando con el codo el Acta que firmó en la Secretaría de Trabajo el jueves 23 de febrero, en la que consta “La ESRN se implementará en aquellos consejos escolares/asambleas impedidas donde la mitad más uno del universo de docentes titulares e interinos soliciten la designación completando el formulario”.

 

Por otra parte, desde algunas supervisiones escolares se envían notas múltiples que son un burdo apriete al conjunto de docentes, como sucede con el documento firmada por las supervisoras de Educación Secundaria de las Zonas I, II y III Alto Valle Este I, por el cual instan a la inscripción online habilitada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, advirtiendo la posibilidad de quedar en disponibilidad o perder instancias de toma de cargo. Sin mencionar normativa que respalde esta afirmación, lo único que se puede entender es que es una orden de la Dirección de Nivel, aplicada bajo obediencia debida. 

 

Experiencia similar se vivió en Villa Regina, al momento de suspender la asamblea de concentración, cuando las supervisoras enviaron notas imperativas avaladas por los funcionarios, aún cuando el Vocal Gubernamental, Oscar Cifuentes, reconoció el error y se hizo cargo públicamente ante las y los docentes presentes. 

 

Situación análoga viven docentes de la Línea Sur que reciben mensajes del Coordinador de la Zona Sur, José Ramallo, con información falaz, por ejemplo se atreve a afirmar que el interino que se inscriba podrá titularizar mediante una simple capacitación, desconociendo el Estatuto Docente que determina la normativa de ingreso a la docencia. 

 

No sorprende el proceder de los funcionarios, si el de docentes que lograron llegar al máximo escalafón luego de años de lucha sindical para lograr la titularización de estos cargos con normas claras para el concurso de ascenso. Con esto se entiende, que optaron por ser funcionales al gobierno de turno, mientras que en otras supervisiones se ponen del lado de sus compañeros y compañeras exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley de Educación y el Estatuto docente independientemente de quién de la orden de desconocerlas. 

 

Advertimos que este accionar se encuadra en un acto de deslealtad patronal que deslegitima la intervención de la Secretaría de Trabajo, obstaculiza cualquier intento de continuar el diálogo para destrabar este conflicto y confirma, para preocupación del pueblo de Río Negro, que el derecho social a la educación no es una prioridad para este gobierno, sino una simple variable de ajuste y prenda de cambio en la interna ministerial.

 

En defensa de la educación pública, UnTER continuará sus reclamos en todos los espacios que sean necesarios. Es inadmisible el juego perverso en el que quieren involucrar el destino de nuestros estudiantes, el de nuestros compañeros y compañeras y los responsables de esto deberán dar las explicaciones correspondiente y, si amerita, presentar la renuncia a un cargo que ostentan pero no saben honrar.

 

Gral. Roca- Fiske Menuco, 28 de febrero de 2017.