Más que un día de celebración, el Día de la Tierra debe ser un grito de alerta que impulse a la acción.  

 

No es novedad para nadie la gravedad de la situación ambiental en Argentina y en el mundo. El Informe Ambiental que acaba de presentar el gobierno nacional señala importantes desafíos, pero llamativamente (o no tanto) omite temas como los daños socioambientales de los plaguicidas, la situación de los pueblos fumigados, los derrames de cianuro en San Juan, precisiones sobre el inventario de Glaciares, o referencias a delitos ambientales.

 

Sabemos que la realidad fuera de los despachos y las representaciones mediáticas es otra. 

 

Mientras escribimos estas líneas gran parte del territorio se encuentra bajo agua. Porque se suceden lluvias extraordinarias, sí, pero por sobre todo porque esas lluvias encuentran suelos sin protección vegetal e incapaces de retener agua por el avance del agronegocio; y humedales y planicies de inundación invadidos por barrios cerrados. Entretanto, miles de familias que en nuestro país siguen sin tener garantizado su derecho a la vivienda se ven obligadas a refugiarse en áreas vulnerables, con riesgo de sufrir deslaves e inundación. Como comenta Andrea Burucua en la página de Ecosur, “en gran parte del país es más probable perder todo bajo el agua (hasta la vida), que como consecuencia de “delitos”. 

 

También, mientras escribimos estas líneas, representantes de pueblos originarios recorren el territorio de Río Negro para denunciar la nueva Ley de Tierras impulsada por el gobierno provincial, que abriría la puerta para al extractivismo en tierras donde viven y trabajan numerosas comunidades campesinas y originarias. Hace unos días fueron comunidades Wichi de Jujuy marchando contra la minería a cielo abierto en áreas protegidas; y hoy mismo en La Pampa se realiza el 1er. Foro de Pueblos Originarios “por la tierra, el agua y la vida”, solo por citar algunos ejemplos. 

 

También, hace muy pocas semanas conocíamos de un nuevo derrame de agua cianurada en la mina de Veladero, San Juan. Mientras tanto, a nivel nacional siguen sin tomarse medidas efectivas y, en nuestra provincia, la Ley anti-cianuro permanece derogada a pesar de las movilizaciones y el permanente reclamo de numerosos grupos y organizaciones rionegrinas.

 

Continúa el avance hidrocarburífero en zonas del Valle, se insiste con la propuesta de construir un basurero petrolero en Catriel, no se terminan de resolver situaciones de pasivos ambientales como en Cinco Saltos o en San Antonio Oeste, ni se garantiza el acceso a las costas en la zona andina, con el caso de Lewis como símbolo de las complicidades y violación de derechos, pero muchos otros que se suceden a lo largo de la costa de lagos y ríos en toda la región.

 

En palabras del todavía, y a pesar de todo, Ministro de Ambiente, vivimos una suerte de seguidilla de “profecías apocalípticas”, desde incendios incontrolables a lluvias extraordinarias y “accidentes” mineros.

 

Otros vemos más bien la desidia y la imprevisión total, el intento de flexibilizar la normativa ambiental para profundizar un modelo que busca sacar las últimas migajas de las entrañas de la Tierra, y, por sobre todas las cosas, un profundo desprecio por la vida y el sufrimiento de los millones de víctimas que ven invadido y saqueado su territorio, destruidos los bienes comunes, violentada su cultura e identidad, vulnerados sus derechos, destruidos sus sueños y proyectos de vida.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 22 de abril de 2017.