El viernes 26 de mayo, se desarrolló en Bariloche, una conferencia de prensa convocada por la Delegada de Salud de UnTER Zona Andina, Andrea Roncati y el Delegado Zona Sur, Raul Sosa, con el objetivo de denunciar la grave crisis que atraviesan las escuelas respecto de infraestructura. En la presentación, solicitaron la declaración de emergencia edilicia, no solo para estas zonas, sino en toda la provincia. Instaron a que desde la Legislatura, se tome este proyecto para ampliar el presupuesto educativo y agilizar los mecanismos de control para garantizar la correcta distribución de los fondos.
En la presentación, la compañera Roncati, detalló que de cuarenta y cinco escuelas relevadas, existen más de veintiséis con problemas de mantenimiento, están sin gas, fallas eléctricas y algunas con ratas. En este último punto, denunció, que el Ministerio no cumple con el Protocolo que emitió en el 2015, donde indica que frente a la presencia de plagas, deben suspenderse las clases.
Si bien se reconoce la importancia de la apertura de nuevas escuelas, urge que el gobierno garantice el mantenimiento de la infraestructura ya existente, se denuncia por ejemplo, que en la Escuela 48 donde la calefacción funciona con gas envasado y cuyos calefactores no están preparados para este tipo de gas, combustionan mal y no se cambian, pese a que hace dos años uno de ellos explotó. También se menciona al CEM 104 Nocturno, donde estudiantes debieron retirarse por la pérdida de gas. El propio delegado Alberto Luce, reconoce que esta institución está implosionada, pero no articula las acciones necesarias para modificar este estado de situación.
La Delegada de Salud explicó que el informe realizado con el detalle de escuelas de todos los niveles y modalidades de Bariloche, fue entregado al Consejo Deliberante de la localidad para solicitar que se expida al respecto y a la Legislatura. Roncati señaló que no ha obtenido respuesta del Ministerio de Educación a presentaciones anteriores, de la violencia explícita que se ejerce en las comunidades educativas que deben trabajar en condiciones precarias.
Por su parte, Raul Sosa explicó que en Jacobacci, Comallo y Maquinchao persisten las problemáticas que motivaron una denuncia penal en la Fiscalía de Investigaciones en el 2016 y que, en este ciclo lectivo, adjuntaron reclamos, especialmente de las escuelas rurales, donde la falta de mantenimiento, provocó la pérdida entre ocho y quince días de clases. Informe que fuera presentado a la Ministra Mónica Silva en Jacobacci. Aún existen escuelas que tienen interrumpidas las actividades por falta de gas, sin fecha precisa de reinicio.
El compañero Sosa denunció que, en su zona, pese a que no se implementó la ESRN, por la decisión del conjunto de docentes, el gobierno avanza con el ajuste sistemático que incluye el cierre de secciones, y la orientación mercantil en el CEM 18, nocturno, que contenía a veinte jóvenes quienes fueron reubicados, pero que finalmente la mayoría debió abandonar porque trabajan y las escuelas son diurnas.
Denunció el cierre de la Escuela 331 del paraje Río Chico Abajo, por una resolución que en sus considerandos, tiene en cuenta la intervención del Director de Comisiones de Fomento, Yamil Moana, que no es una autoridad educativa, por lo tanto no puede ser parte de estas decisiones.
En los mismos considerandos, se tiene en cuenta la firma de un acuerdo, sin sello, ni valor legal alguno, firmado bajo presión por la abuela, para permitir el traslado de la niña. Situación denunciada a través de un recurso de amparo, presentado el 24 de mayo para no trasladarse al pueblo de Río Chico y solicitan que se mantenga abierta la escuela.
Raul Sosa expresó que, la Seccional Jacobacci apoya a la familia y a toda la comunidad, porque tiene muy claro que “cuando se cierra una escuela rural en un paraje, la comunidad de a poco se va muriendo”. Denunció que las comunidades rurales sufren las consecuencias de la ausencia del Estado, el ajuste que comienza por el cierre de la escuela, continúa con la posesión de las tierras condenando a sus habitantes al desarraigo y la discriminación.
En el encuentro se resaltó la necesidad de que el gobierno provincial destine los recursos necesarios para garantizar condiciones de habitabilidad en todos las instituciones educativas, que evidentemente no lo está, en función de las numerosas denunciadas realizadas por integrantes del Equipo de Salud en la Escuela de UnTER de las Zonas Andina, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Atlántica, lo que pone en riesgo la integridad física y la salud de miles de estudiantes y trabajadores/as. Urge la inmediata solución de estas problemáticas, antes que suceda algún acontecimiento irreversible.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 26 de mayo de 2017.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
