Todo acto educativo tiene una instancia de evaluación. Por ello, como sindicato, lo consideramos como parte constitutiva del proceso de enseñar y aprender. Nos oponemos a los mecanismos de pruebas estandarizadas, porque desvirtúa esta premisa, además porque da crédito a las instituciones privatizadoras y al poder económico para avalar los ajustes que siempre les interesan.
Vale recordar que en el 2016 surge el operativo para evaluar en escuelas primarias y secundarias. Sin un análisis de experiencias anteriores como el Operativa Nacional de Evaluación-ONE- y APRENDER 2016. Ambos rechazados por estudiantes y docentes. Desde UnTER, Nos opusimos a las políticas educativas de medición del Ministro Bullrich, hoy reemplazado por Finocchiaro que ratifica el operativo junto al ministerio provincial que conduce Mónica Silva. Claramente dijimos que estas pruebas responden a las exigencias de los organismos internacionales de crédito y para nada se relacionan con la realidad de cada institución educativa.
Para este gobierno la evaluación es una de las estrategias elegidas para justificar todas las transformaciones que quieren imponer en el campo educativo desde una perspectiva meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora. En este proceso de mercantilización la única finalidad es medir “la calidad educativa”, con el único objetivo de bajar la inversión del Estado, reducir el presupuesto, conducir a la privatización de la educación y promover el lucro de diferentes empresas vinculadas al gobierno neoliberal.
La Declaración de Purmamarca del 12 de febrero de 2016, ya determinaba en uno de sus puntos “Promover procesos de evaluaciones anuales en la educación primaria y secundaria para obtener diagnósticos precisos que nos permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación impulsara la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa”, ratificado por el Dto. 552/16 de fecha 04 de abril que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”.
Consideramos importante clarificar que uno de los fundamentos por lo que decimos NO a este operativo APRENDER, radica en que el procesamiento de los datos de estas pruebas estandarizadas se utiliza un recurso estadístico que se llama escalamiento, que permite “agrupar” las preguntas por nivel de dificultad; es decir, se constituyen grupos de preguntas que miden el mismo nivel de desempeño. Si, por ejemplo, se comete el error -intencional o no- de poner preguntas “difíciles” en el nivel de desempeño “bajo” o se las categoriza como “problemas matemáticos sencillos”, se engrosará siempre el porcentaje de estudiantes que se encuentren en esta categoría. Esto implica que la validación puede manipularse para conseguir los porcentajes a medida de las necesidades de quien evalúa y no de lxs estudiantes.
No avalamos el operativo “Aprender”, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje, que entendemos como parte de un proceso de construcción atendiendo la diversidad y la realidad sociopolítica que atraviesa a las comunidades educativas.
Las políticas definidas en este contexto, bajo estas herramientas que no son, ni fueron discutidas con los/as trabajadores/as de la educación tienen claramente, la intencionalidad de disciplinar al colectivo docente, como ya lo intentaron en los 90. Hoy como ayer, prima la consigna de que todo está mal; por supuesto por exclusiva responsabilidad del docente, sin que el estado se haga cargo de su obligación de garantizar las condiciones de enseñar y aprender, que abarca desde lo edilicio hasta la implementación de políticas públicas que permitan el acceso, permanencia y egreso de las/os estudiantes.
A pesar de lo que se escribe pomposamente en los documentos, como en el Artículo 4º de la Ley Nacional Nº 26.206 y el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Educación F N° 4819 donde se consagra a la Educación como un Derecho Social, se otorga al Estado en la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as las/os habitantes de la Nación, nada se dice de modificar el presupuesto educativo, por lo que se continúa firmando acuerdos de mantener el 6% del PBI; es decir, se reparte la misma torta, sin tener en cuenta la evidente ampliación del sistema educativo.
Otra Escuela, otro modelo de trabajo es posible, y en esa posibilidad hay modelos diferentes de evaluación. Quienes educamos lo sabemos, las autoridades también, pero definieron responder a los intereses de los poderosos de siempre.
