A través de los medios masivos y las redes sociales se confirmó lo que hace meses venimos denunciando desde UnTER: Los exámenes preocupacionales definidos por el gobierno atentan contra los derechos laborales, son un acto autoritario y discriminativo, que contradice la legislación vigente respecto de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La situación vivida por una docente de Bariloche, luego de trabajar nueve meses dentro del sistema, que fue dejada cesante, por tener disminución auditiva en el oído izquierdo y un dictamen psicotécnico “no apto” en psicotécnico, sin justificación, pese a que ya contaba con contrapuebas realizadas de manera privada con resultados opuestos.

Desde que se implementaron estos exámenes en Río Negro, son numerosos los casos en los que se excluyen a docentes ingresantes por estos dictámenes, negándoles el acceso a los informes correspondientes, que les impide conocer las causales, para poder iniciar un tratamiento adecuado, si correspondiera.

La Secretaría de Salud en la Escuela de UnTER, siempre sostuvo que examen preocupacional no puede ser selectivo, ni restrictivo al punto de impedir el acceso al trabajo. Solo debe tener carácter preventivo en resguardo de la integridad psicofísica del docente. En la reunión mantenida con el Ministerio, el pasado 6 de junio, la representación sindical, planteó la necesidad de establecer un procedimiento que permitiera a quienes se les dictaminen el “No apto” o “Apto condicional”, recurrir el resultado ante un organismo compuesto por otros profesionales de la salud, con la finalidad de revisar las conclusiones, para que se respete el derecho del acceso al trabajo.

Frente a la suma de situaciones denunciadas UnTER, realizó acciones desde recursos administrativos hasta medidas cautelares, como también, el requerimiento de la intervención de SRT para dirimir y acercar posturas, esperamos una respuesta del gobierno.

Advertimos que frente a lo injusto, seguiremos luchando para hacer frente a estas políticas de ajuste y flexibilización laboral que se implementan desde el gobierno nacional y provincial. Mantenemos el compromiso de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos del conjunto de trabajadores/as de la Educación.