La reforma previsional que se envió al parlamento, es un brutal avance contra jubilados y jubiladas. Un punto, los obliga a resignar sus recursos para ampliar la partida presupuestaria de la provincia de Buenos Aires y producir cambios en la coparticipación impositiva. Esto implica, una pérdida para el ANSES cercana a los 115 millones de pesos.
El proyecto oficial pretende modificar la ley de movilidad actual que consta de dos aumentos anuales en el haber jubilatorio en marzo y septiembre, por otro mecanismo de actualización salarial en base a la inflación del Indice de Precio al Consumidor, IPC/INDEC.
Producto del resultado electoral, el gobierno nacional avanzó en su proyecto político neoliberal, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional. Ha intensificado la embestida sistemática a lo que presentan desde la lógica empresarial como “privilegios” del asalariado.
Hay un ataque descarado y mentiroso tendiente a producir confusión entre los privilegios que poseen jueces y presidentes y las regímenes especiales de algunas ramas del trabajo y en particular el docente. El objetivo es eliminar derechos adquiridos por trabajadores/as de la educación, a través de la Ley 24016 y el Decreto Nacional 137/05.
Quienes transitan su vida con salarios diez veces más altos que el ingreso de una maestra y con los privilegios que les da el poder, tienen la caradurez de “vender” el discurso que la crisis económica se soluciona quitándoles salarios a los jubilados.
Entendemos que pretenden desfinanciar el ANSES para justificar la implementación de un régimen de capitalización. Resuelven cambiar la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, para desviar el dinero que le corresponde al sector pasivo. Seguramente no será para una justa redistribución de la riqueza en los sectores populares.
En el Congreso, hoy no está en discusión la distribución de la riqueza, impuestos a las grandes empresas, a las mineras, ni a los bancos que generan negocios para sacar las divisas del país. Tampoco se pone en cuestión que el impuesto a las ganancias deben pagarlo los empresarios y no trabajadores y trabajadoras.
Exigimos a diputados y senadores el rechazo total de las reformas laboral, previsional y fiscal, la oposición al endeudamiento eterno, a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Que se pronuncien contra la precarización y flexibilización laboral, el desguase de la cobertura de salud y el desfinanciamiento de ANSES y la Seguridad Social. En definitiva, exigimos que no traicionen la dignidad del pueblo.
Desde UnTER convocamos al conjunto de trabajadores/as activos y pasivos a rechazar a estas definiciones que pretende imponer Macri y los Gobernadores que entregaron su dignidad. Es necesario movilizarse en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, conquistado a partir de la lucha de la clase trabajadora y al que no renunciaremos.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 22 de noviembre de 2017.
Sonia Peruggini, Secretaria de Retiradxs y Jubiladxs
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
