La eliminación de la violencia contra la mujer no debe ser solamente un acto declamativo, se requieren políticas públicas, presupuesto y legislación que obliguen y permitan al Estado garantizar el bienestar de las personas víctimas de violencia. Exigimos la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Convocamos a participar en todas las actividades que se realicen en conmemoración del 25 de noviembre.

En un contexto de avance de políticas neoliberales que determinan el ajuste y la flexibilización laboral, crece la feminización de la pobreza y la desprotección de los sectores populares. En once meses de 2017, en nuestro país, según el registro nacional, suman 254 femicidios. Una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina; sin embargo, el presupuesto asignado al Ex Consejo Nacional de Mujeres representó 8,5 pesos por mujer. En tiempos de Macri, el rescate de personas víctimas de Trata se redujo, en un año 70%, pese a que el Jefe de Gabinete Marcos Peña, reconoció el aumento de las denuncias.

Frente a la ausencia del Estado, la movilización en las calles suma resistencias y desde las organizaciones trabajamos en el mismo sentido. Como Consejo Directivo Central de UnTER se ha participado en diversos espacios con el objetivo de promover la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género: participación en la elaboración del Protocolo de intervención ante situaciones de violencia contra las mujeres en el Consejo de la Mujer de Regina; presencia activa en las plenarias de la Comisión Tripartita de la Secretaría de Trabajo; acompañamiento al colectivo “Ni una menos” en el ciclo “Mujeres desobedientes” en Beltrán, en el Frente por la ESI de Viedma. Se impulsó la implementación de la Resolución 4618/17 que amplía derechos a docentes víctima de violencia de género y su familia, quienes van a poder solicitar traslado provisorio, sin importar su situación de revista.

En Río Negro la justicia patriarcal violenta a la víctima en cada fallo, los últimos muestran el peso de las corporaciones, como por ejemplo, otorgarle salidas transitorias al policía Víctor Chumbita quien en 2010, violó a una niña de 14 años, junto a su par de la fuerza Darío Rubio, en el Destacamento Guerrico. En Roca – Fiske Menuco, Francisco Norry hijo de un exjuez, denunciado penalmente por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y amenaza de muerte no esperará en prisión el avance de la investigación. Tendrá que cumplir pautas de conducta y un embargo en su sueldo. No se tomaron en cuenta denuncias previas por hechos similares, en una de ellas de 2012, se le dictó una restricción perimetral que no respetó. Además, hay otras mujeres víctimas desde hace más de una década que no realizaron la denuncia por las amenazas que recibieron.

En noviembre de 2016, el entonces legislador de Juntos Somos Río Negro y actual secretario general del Sindicato de la Fruta Rubén López, junto al ex jugador de Boca Luis Abramovich, fue acusado de abuso sexual. La fiscal Rita Lucía promovió la acción penal recién en febrero de 2017. Nunca promovió el control de acusación ni produjo más prueba a pesar de que la Cámara Criminal, tras la reforma del Código, instó al Ministerio Público a avanzar con las pesquisas. En junio, la jueza Sonia Martín dictó la falta de mérito. Hoy López, transita otro juicio por abuso sexual.

En Río Negro el triple crimen de Verónica Villar, Paula y María Emilia González y el de Otoño Uriarte, entre otros, son la muestra de violencia contra la mujer y de violación a los Derechos Humanos, generando un macabro escenario en donde el encubrimiento y la impunidad reinan, cuando no hay justicia.

El Día de la eliminación de la violencia contra la mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999, sin embargo desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el día contra la violencia.

La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, luchadoras sociales y activistas políticas en contra de la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, conocidas en la clandestinidad como “Las Mariposas”.

Las Naciones Unidas definieron la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Desde la docencia y el sindicato continuamos la lucha en defensa de la igualdad de género, porque aún en democracia vivimos en una sociedad dominada por el discurso patriarcal y capitalista dónde nuestro desafío como trabajadores y trabajadoras de la educación es romper con esas estructuras en el aula y en las calles.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 24 de noviembre de 2017.

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General 

Foto: Mauricio Martín, Patagoniafotopress. Viedma, 8/03/17.