El viernes 15 de diciembre, en Bariloche, se realizó una conferencia de prensa con el objetivo de informar la presentación ante la justicia de un pedido de acción cautelar de la compañera Marina Espinoza, acompañada por la Secretaria de Salud en la Escuela, Claudia Asencio y el asesoramiento legal de UnTER.
La compañera Espinoza, profesora de Turismo en la ESRN 20, exluida del sistema educativo, luego de trabajar durante nueve meses, por una afección auditiva que había declarado, que no le impedía el dictado de clases, sin embargo la Junta médica definió quitarle su cargo, porque no pasó de manera favorable el examen psicofísico.
Para UnTER, esta situación demuestra que los exámenes preocupacionales son una medida arbitraria y discrimatoria, que se ha desvirtuado de modo ilegal su finalidad para transformarse en una excusa para realizar una “selección del personal más apto” en clara violación a la normativa constitucional y laboral que ampara a lxs trabajadorxs.
En el escrito presentado en sede judicial de Bariloche, se requiere la suspensión de los efectos de la Disposición N° 306/17, emitida por la Supervisión de Nivel Medio de Zona Andina III, restablezca su derecho humano a acceder y permanecer en el puesto de trabajo, se le abonen los haberes caídos desde la baja ordenada de manera injusta, hasta la conclusión de la acción procesal administrativa y se ordene al CPE, conservar el cargo y/o acceder a otro en las asambleas de designación.
En los fundamentos, se destaca que la compañera trabaja en la ESRN Nº 20 desde el 17 de marzo de este año, que por su desempeño, posee un concepto sobresaliente, que es el máximo puntaje al que puede aspirar un docente. Que jamás tomó una licencia médica ni se encontró imposibilitada de realizar alguna de las actividades propuestas por causas físicas ni de otra índole, lo cual demuestra que se encuentra en condiciones para el ejercicio de la profesión.
Agrega que cumplió con todos los pasos que se le indicaron desde el CPE, y se realizó el examen preocupacional requerido, que también los realizó en el ámbito privado con resultados contrarios a los que le informó la Junta Médica. Por ello, con el asesoramiento de la Delegada de Salud Zona Andina, Compañera Andrea Roncati, ha presentado recursos administrativos y que nunca le respondieron, por lo tanto decidió seguir la vía judicial, para revertir este acto ilegal y discriminatorio.
La compañera Claudia Asencio, reiteró que se acompañarán las medidas que emprendan lxs compañerxs, porque desde el primer momento nuestro sindicato ha sostenido que el examen preocupacional no puede ser selectivo, ni restrictivo al punto de impedir el acceso al trabajo. Solo debe tener carácter preventivo en resguardo de la integridad psicofísica del docente. Deben ser gratuitos y garantizados por el Estado.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 15 de diciembre de 2017.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, comunicación y cultura
