UnTER repudia los dichos de Nicolas Massot, actual Diputado Nacional, respecto de la puesta en marcha de una política de reconciliación nacional, con el objetivo de permitir la impunidad de los genocidas y sus cómplices civiles y religiosos, responsables de la desaparición, tortura y asesinato de 30.000 compañerxs y el robo de más de 400 niñxs nacidxs en cautiverio.

No es casual que el planteo venga del integrante de la familia Massot, que fuera dueña del Diario Nueva Provincia de Bahía Blanca, cuyo director Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli acusados por crímenes de lesa humanidad, con documentación que prueba que formaron parte de una asociación ilícita que entregó a los  obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados del diario, secuestrados, torturados y asesinados en 1976. Además, se los responsabiliza de organizar la acción psicológica para ocultar los crímenes de la dictadura, publicaron noticias sobre falsos enfrentamientos, a partir del acceso a  información secreta que entregaba a Massot, la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al punto que se llegó a publicar la lista de muertos en un enfrentamiento antes que éste sucediera.

En el Juicio “Ejército” de Bahía Blanca se comprobó el accionar de La Nueva Provincia en la denominada “Masacre de la calle Catriel”, en la que fueran asesinados  en septiembre de 1976, Juan Carlos Castillo, estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad del Comahue, Manuel Tarchitzky Lew, Físico nuclear egresado del Instituto Balseiro junto a Pablo Fornasari y Zulma Matzkin. Lo mismo que el  asesinato de Fernando “Tito” Jara  de Cipolletti, el 17 de diciembre de 1976. Al día siguiente el titular de la Nueva Provincia indicaba “Fue abatido ayer otro delincuente subversivo” detallando que se encontraba repartiendo panfletos, había intentado eludir a los tiros una patrulla militar en operaciones, en el acceso al barrio Palihue, exactamente igual que el informe presentado por el comando de la Subzona 51 de Bahía Blanca.

Como trabajadorxs de la educación rechazamos la política del olvido que pretende imponer el gobierno nacional, que libera a los represores, con la excusa de una falsa detención domiciliaria que le permite a Miguel Etchecolatz circular impune por Mar del Plata, mientras que existen en las cárceles presxs políticos sin debido proceso, en prisión por el solo hecho de oponerse a las políticas de ajuste del macrismo. Reivindicamos la lucha del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos.

Gral. Roca- Fiske Menuco, 22 de enero de 2018.

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General

Foto: Mauricio Martín, Viedma.