Una vez más la desidia de los funcionarios y la arbitrariedad en la emisión de Resoluciones del Ministerio vulneraron el derecho de enseñar y aprender en escuelas Línea Sur y Zona Andina. Compañerxs de Pilquiniyeu del Limay quedaron varados en el paraje por la rotura del transporte, mientras que en El Bolsón a cientos de estudiantes se les negó el traslado a sus escuelas por el recorte fijado por la implementación de la nueva resolución para transporte escolar.
En Zona Andina, la institución más afectada fue la Escuela Primaria 103, de Mallin Ahogado, donde 240 niñxs, no pudieron concurrir a clases, que implica el incumplimiento una medida cautelar que ordena la continuidad del transporte escolar. El reclamo de la comunidad educativa se trasladó inmediatamente a la nueva Coordinadora Escolar Patricia Campos, quien solo pudo delegar responsabilidades a una supervisora y a las familias que no presentan certificados de Anses.
Vale recordar que en noviembre del 2017, el ministerio requirió a madres y padres, de las Escuelas 103 de Mallin Ahogado y 118 de Pampa del Mallin, que entregaran constancia de domicilio ante la Policía, con un costo de casi 200 pesos y “certificación de pobreza” emitida por Anses. Trámites que muy pocas familias pudieron cumplimentar, dado que la mayoría no cuentan con un ingreso fijo, carecen de los ingresos necesarios para pagar el sellado como así también de la conectividad para descargar el formulario correspondiente. Por este motivo ahora no se garantiza el transporte Escolar a sus niñxs, aún cuando la justicia ordenó “no innovar”, continúan las exigencias burocráticas, lo que demuestra, el desconocimiento que tiene el ministerio de la realidad económica de las comunidades, la conectividad y el acceso a la tecnología en la zona.
En la Línea Sur, el ministerio pone en riesgo la integridad física y la seguridad de lxs trabajadorxs. La desidia puede provocar una tragedia, si no existe un control sobre funcionarixs que firman contratos con empresas que ya fueron denunciadas por UnTER en el 2017, ante Fiscalía de Investigaciones, por las irregularidades y el mal estado de los vehículos. Sin embargo, no hubo una sola mejora, por el contrario, el viernes 16 el servicio de transporte contratado por el Consejero Escolar José María Ramallo pasó a retirar a lxs docentes de la Escuela Hogar 120 a las 22 Hs., por desperfectos en la trafic destinada al traslado, este vehículo se rompió en Laguna Blanca, por ello debieron cambiar a otro vehículo para llegar a Comallo y Jacobacci.
Resulta paradójico que sea el mismo gobierno el que pone los mayores obstáculos para que acceder al derecho a la educación y al trabajo. Solo puede entenderse en el marco de una política de ajuste que avanza sobre los sectores populares, donde más presupuesto debe invertirse para garantizar los derechos sociales.
Sin estudiantes ni docentes, las escuelas se cierran y sumergen en una larga agonía a las comunidades que continúan su lucha por permanecer en los parajes y en las zonas rurales, se obliga al éxodo de las familias a los centros urbanos y se favorece la apropiación del territorio a manos privadas. No debe ser este el proyecto del gobierno en nuestra provincia. Exigimos que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos revierta este accionar y garantice el derecho social a la educación y al trabajo para todo el pueblo.
Gral. Roca – Fiske Menuco 16 de febrero de 2018.
Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
