La comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, Queer (LGBTIQ) ha conquistado grandes avances en términos de igualdad desde aquel 17 de mayo de 2005, cuando fue decretado como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En nuestro país, la comunidad LGBTIG, logró avances significativos en su lucha por el derecho a una vida digna. Luego de una larga lucha que partió de la necesidad de derogar el Código de Faltas que justificaba el encarcelamiento solo por la vestimenta. La ampliación en el 2010 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, incluyendo colectivos trans-género. En ese mismo año se logró la Ley 26.618 de Matrimonio igualitario, y la 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida. En el 2012 se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género.

El Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, representa un histórico avance social y jurídico al reconocer más y mejores derechos para todas las familias, estén integradas por parejas del mismo o de distintos sexos. Este texto normativo de fondo incorporó el matrimonio igualitario, las uniones convivenciales y el reconocimiento de la identidad de género, así como también realiza modificaciones propicias en materia de adopción y divorcio.

Pero, tanta lucha, hoy està en riesgo. Ornella Infante, referente del colectivo, denunció que “en los últimos dos años, comenzó una etapa de retroceso, y aunque ahora lxs amparan las leyes, se incrementó la violencia institucional, sumado al impacto de las políticas de ajuste, coloca al colectivo entre los sectores más vulnerados”.

El año pasado exigíamos “Libertad para Higui”. Si bien se logró, continúa imputada por actuar en su defensa cuando intentaron violarla en patota. Hace pocos días, en Roca- Fiske Menuco, el STJ determinó la libertad para Brigitte Nieto, quien había sido condenada a 9 años de prisión, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad ni la violencia a la que era sometida por su pareja. Pero uno o dos fallos favorables, conseguidos luego de años de reclamos y la movilización de las organizaciones no modifica el accionar de la justicia que hace oídos sordos frente al avance en la escalada de travesticidios y no se aplica con perspectiva de género.

Reclamamos libertad para Joe Lamonge, varón trans, condenado a cinco años de prisión por defenderse de un vecino que intentó violarlo. Abogados por los derechos sexuales denunciaron que “Sin recursos económicos ni habitacionales, fue sometido a un proceso signado por la transfobia que sufren los cuerpos disidentes, la discriminación en su lugar de origen, y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, asistencia, o ayuda”.

El colectivo LGBTIQ, se encuentra entre los sectores populares, doblemente victimizados, sin acceso a la salud o estigmatizados cuando lo logran. Una parte de nuestra sociedad no logra entender la importancia de tener un nombre, un cuerpo que muestre la identidad autopercibida. No es un privilegio operarse, cuando esto implica la posibilidad de acceder a estudiar, un trabajo en blanco, una obra social. Por eso celebramos la decisión de la familia de Lulù, que luchò junto a su hija de 6 años para que se respetara su identidad, porque además permitió visibilizar la infancia Trans, y abrir el debate dentro y fuera de las aulas, para comenzar a repensar nuestra tarea cotidiana.

Como trabajadorxs de la educación continuamos exigiendo la plena vigencia de la Ley de ESI y la continuidad de los programas socio-educativos, que se encuentra desmantelado por definición del gobierno nacional. Porque la lucha por la igualdad de oportunidades, implica reconocer el derecho de toda persona a elegir su identidad, disfrutarla plenamente, construir su presente y futuro, acceder a un trabajo y un salario, tener una familia, en definitiva ejercer el derecho de vivir con dignidad.

Gral. Roca- Fiske Menuco, 17 de mayo de 2018,

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organizació
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General