10 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. Junto a su mamá Julieta, marchamos en Viedma, familiares, amigxs, organizaciones sindicales, sociales y políticas por Memoria, verdad y Justicia, contra la impunidad, a la espera de un nuevo juicio y que el Consejo de la Magistratura defina juzgar a funcionarios judiciales por su mal desempeño en la investigación.
Atahualpa, “Ata” como lo conocían todxs era estudiante secundario de 19 años, tenía raíces mapuches y aymara y quienes lo conocieron destacan su solidaridad y compromiso con los sectores más humildes, por ello, planeaba una beca para estudiar medicina en Cuba. Pero todo se quebró en la madrugada del 15 de junio de 2008 cuando su cuerpo apareció con un balazo en la espalda en las afueras de Viedma.
Desde entonces, Julieta comenzó su lucha para saber qué había pasado con él, quienes son responsables ideológicos y materiales de su asesinato. Como en tantos casos impunes en nuestra provincia desde el principio, funcionarios policiales y judiciales entorpecieron la investigación. El pacto de silencio comenzó con los dos patovicas y los dos policías que estaban en la puerta del boliche Miloca donde lo vieron por última vez, quienes aseguraron que no vieron salir a Atahualpa, que medía un metro ochenta centímetros y pesaba 100 kilos.
El caso Martínez Vinaya llegó a juicio oral en el 2014, con tres imputados civiles, Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Barrientos, punteros políticos, vinculados al tráfico de drogas, que fueron absueltos “por falta de pruebas”. Frente a las irregularidades manifiestas en el juicio, Familiares lograron la creación de una Comisión investigadora en Legislatura para exigir la reapertura de la investigación.
En el 2015, esta comisión presentó su informe en el que denuncia “con espanto constatamos una continuidad de irregularidades, impericia o impotencia, desde el primer momento en que se encuentra el cuerpo y se contamina el lugar, siguiendo por la ausencia de medidas periciales”. Probadas las irregularidades cometidas durante la instrucción por personal judicial y policial; en el mismo documento lxs legisladorxs exponen que el caso estaría vinculado con el posible encubrimiento de una banda dedicada al narcotráfico, sin que Atahualpa tuviese que ver en absoluto con esta actividad.
En abril del 2016, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro anuló el fallo absolutorio y ordenó la reapertura de la causa con la incorporación de nuevas como la pericial de una campera de jean, secuestrada en la vivienda de Felipe Carrasco, con rastros de sangre que contenía ADN de Atahualpa y huellas genéticas de Morales Toledo.
Continuaremos con el reclamo de Justicia por ATA, juicio político a los actuales camaristas Carlos Reussi y Daniela Zágari, al ex fiscal.
Roca – Fiske Menuco, 15 de junio de 2018.
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
