El 16 de agosto, en Viedma, UnTER presentó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, sendos reclamos administrativos exigiendo la plena vigencia de la Resolución 233/98, Acuerdos Paritarios Homologados respecto de la aplicación del Art. 6, readecuación de tareas y aplicación de Art. 20 y 25, razones particulares y asistencia a cursos de formación, respectivamente. Ambos reclamos ya fueron presentados en las reuniones de política educativa, salud en la escuela y en Paritarias, frente al intento de recortar derechos por interpretaciones arbitrarias de funcionarixs del CPE.

 

En la fundamentación presentada, para la aplicación del Art. 6, se expone la grave situación de inequidad que sufren docentes en readecuación de tareas, por la aplicación arbitraria de la norma, a partir de la Nota 2866/18 del CPE y Nota N° 346/18 de la Dirección General de Educación a través de las cuales se intima a la totalidad de trabajadorxs que se encuentren enmarcados en esta licencia, a cumplimentar una serie de recaudos administrativos, bajo amenaza de dejar sin efecto su derecho adquirido de usufructuar tareas readecuadas. 

 

Se denuncia este accionar por considerarlo unilateral, inconsulto, ilegítimo e inconstitucional, pues limita derechos adquiridas en el ámbito paritario, que no puede ser modificado por el libre arbitrio de quienes ocasionalmente se encuentran en el gobierno.  

 

Respecto del la aplicación de las Art.20 y 25 de la Res. 233/98, Acuerdos Paritarios Homologados, se exige el cese de la implementación arbitraria para su usufructo, según las interpretaciones individuales de supervisorxs y/o funcionarixs que afectan en primer lugar derechos de trabajadorxs, además, en el caso del Art 20, las instituciones donde desarrollan sus tareas habituales. 

 

En ambas presentaciones se reafirma la exigencia del cumplimiento efectivo del régimen de licencias docentes, porque forma parte de un acuerdo paritario con fuerza de ley. Además de requerir a lxs funcionarixs del Ministerio, a cargo de áreas tan sensibles, el conocimiento pleno conocimiento de la normativa vigente, como es su deber al frente de organismos públicos.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 16 de agosto de 2018.