Este jueves 18 de octubre, el Ministerio de Educación de Río Negro, volverá a exponer a estudiantes al Operativo de Evaluación Aprender, sin tener en cuenta el profundo rechazo que esta práctica mercantilista genera en las comunidades. Mucho menos, las numerosas razones expuesta por UnTER para su rechazo. 

 

Es importante ratificar que estas pruebas no son obligatorias, tampoco  las encuestas que se realizan a las familias.  Instamos a compañerxs que no se sumen a esta nueva farsa que se baja desde el Ministerio de Educación, para justificar el ajuste en la escuela pública, como parte de la constante deslegitimación de un sistema educativo con una historia reconocida en el mundo, con premios Nobel incluidos, pero que este gobierno de empresarios desconoce absolutamente.

 

La principal incongruencia se identifica con la lectura de los fundamentos de este operativo, firmada por el Ministro de Educación de Nación, Alejandro Finocciaro donde se plantea que estamos inmersos en “Un mundo en constante transformación plantea grandes desafíos a la educación; el avance de la ciencia y la tecnología, la extensión de la diversidad cultural y las innovaciones en las formas de comunicación, ofrecen no sólo retos sino nuevas oportunidades que debemos identificar.” Mientras que desguaza estos ministerios y desmanteló todos los programas socioeducativos, que justamente, contemplaban estas necesidades.

 

Por ello, resulta lamentable que desde el Ministerio provincial se acompañe silenciosamente este operativo, priorizando el compromiso del gobierno con Nación, por encima del derecho de estudiantes y docentes a ser evaluadxs en un ámbito de respeto, interacción y justicia. Olvida el acuerdo firmado en el marco de la Comisión de Política Educativa, para la elaboración de la Resolución 2035, del 2015 respecto que la evaluación debía ser un tema de debate transversal con todos los niveles.

 

Compromiso que desde el sindicato se recuerda en cada encuentro, ratificando la importancia de realizar la consulta sobre las necesidades del sistema, con quienes transitan dia a día las aulas: docentes, equipos directivos y supervisivos. Son quienes conocen claramente qué hace falta desde lo pedagógico hasta los insumos, pasando por cantidad de cargos y espacios adecuados para su implementación efectiva. No existe prueba estandarizada que pueda dar respuesta a estas demandas.

 

Rechazamos este operativo, además, porque corre el eje de la tarea docente y lo transforma en mero “aplicador”. Sin considerar los contextos, las pruebas son aisladas, descontextualizadas del marco de saberes y conocimientos que pretende aislar de manera artificial.  

 

La esencia de la educación pública refuta este concepto sesgado respecto que con una sola calificación permite conocer el valor de los aprendizajes. Por el contrario, habilita la brecha entre las escuelas, colocándolas en una escala meritocrática a la hora de recibir recursos. No existe el concepto de equidad, ni reconocimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje, como parte de un marco participativo y de construcción colectiva, con respeto por las diferencias y la diversidad cultural de cada región.

  

Ratificamos nuestra convicción en defensa de la igualdad de oportunidades como base del derecho social a la educación. Hablar de calidad educativa desde los estándares internacionales es una falacia absoluta, típica de estos tiempos en los que se rinde pleitesía al modelo impuesto por el FMI, que impulsa hacer desaparecer la obligación del Estado respecto a garantizar mayor presupuesto educativo, cargos e insumos necesarios, edificios en condiciones, salarios dignos y formación docente presencial y en ejercicio. Condiciones indispensables para el acompañamiento a lxs estudiantes en las distintas trayectorias por las que transitan según las complejas problemáticas que padecen a diario.

 

Gral. Roca – Fiske Menuco, 17 de octubre de 2018.