Una vez más la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia contra la clase trabajadora con el rechazo al recurso extraordinario de UnTER, que reclamó la inconstitucionalidad de los descuentos por días de paro definidos por el CPE de Río Negro durante los meses de septiembre y octubre de 2016 y marzo del 2017. Esta resolución avala la decisión de los gobiernos de sancionar la protesta social. Frente a este avasallamiento, UnTER continuará los reclamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución, firmada el 9 de abril, define en un solo párrafo su rechazo a defender los derechos del conjunto de afilidxs de UnTER, que adhirieron a las medidas de fuerza votadas por Congreso, los días 11, 17, 18 y 24 de agosto; 13, 14, 27 y 28 de septiembre de 2016 y los días 6,7 y 8 de marzo de 2017. Todas estas medidas, se tomaron en el marco de los planes de lucha, definidos en reclamo por aumento salarial, escuelas en condiciones dignas, en rechazo a la modificación unilateral de condiciones laborales que se pretendía con la imposición arbitraria de la ESR, entre otras reivindicaciones. Acciones que se desarrollaron, en algunos casos de manera conjunta con los sindicatos de ambas CTA y otras acompañados por las comunidades educativas y los Centros de Estudiantes Secundarios y que, por su contundencia obligaron al gobierno a convocar a paritarias y dar respuesta a los justos reclamos. Como no pudo doblegar la voluntad de lxs trabajadorxs optó por la sanción en sus salarios, medida que, en parte debió revertir, por la rápida reacción de UnTER, que logró evitar mayores descuentos.
Medida claramente persecutoria, definida por sendas resoluciónes del CPE, en las que no se dudó en descontar incluso a las compañeras, el Paro Internacional de Mujeres, que se desarrolló por primera vez en el 2017, con una alta repercusión en todos los estamentos del Estado y organismos privados, como medida de visibilización de la injusta situación que viven millones de mujeres en el mundo. De hecho, en la Resolución 1010/17, no tuvieron siquiera el valor de detallar los días de descuento, previendo el rechazo de los organismos de derechos humanos y organizaciones feministas por la arbitrariedad de la medida.
Si bien, en los hechos, luego se retrocedió con el descuento del 8 de marzo, el gobierno provincial definió avalar los descuentos ilegales, que fueron realizados de manera discrecional y abusiva, afectando los salarios de miles de docentes, en un avasallamiento claro a los derechos laborales. Frente a la negativa de la patronal de devolver los descuentos, desde UnTER se resolvió continuar por la via judicial por considerar inconstitucional la medida, por ello se llegó a la CSJN, continuará en la CIDH y en todos los ámbitos que sean necesarios hasta lograr respuesta favorable, en defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 11 de abril de 2019.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
