Distintas comunidades educativas de Río Negro, se han hecho escuchar, durante la última semana en reclamo por mayores medidas de seguridad en los establecimientos, frente a la seguidilla de robos y atentados contra instituciones educativas y docentes.
A modo de ejemplo de la gravedad de la situación pueden citarse desde ventanas forzadas en escuelas primarias, el robo de bicicletas y pertenencias a estudiantes en Roca- Fiske Menuco, robos reiterados en escuelas de Cipolletti, en Valcheta, el temor reinante en estudiantes del IFDC de Villa Regina, hasta el reclamo de la comunidad de la ESRN 149 de Allen, donde estudiantes y docentes fueran víctimas de hechos violentos en las inmediaciones del establecimiento, por lo que exigieron a la Coordinadora Zonal, Loreley Cabanay y a las autoridades municipales mayores controles e iluminación en la zona que garantice la protección.
Está claro que cada suceso es el emergente de una situación de desigualdad social, que atraviesa a los sectores populares y que no se remedia con mayor cantidad de policías en las calles. Tampoco, estigmatizando barrios, ni con la liviandad de algunxs funcionarixs que estigmatizan a lxs jóvenes y judicializan la pobreza.
Es una realidad que, a mayor exclusión, se incrementa la violencia, pero la respuesta del Estado no debe ser más represión, sino por el contrario, políticas públicas de contención. Vale recordar que en Río Negro se duplicó la inversión en las fuerzas de seguridad, sin embargo no se ha modificado el índice de actos delictivos, por el contrario. Tampoco resulta efectivo hablar de vandalismo y dejar sembrada la duda de oscuras intenciones político partidarias, como sucedió luego del incendio intencional de la ESRN 9.
Como trabajdorxs de la educación reiteramos que frente a la lógica preocupación de las comunidades, se debe responder bajo el precepto de la seguridad ciudadana. Incrementando las redes de contención en los sectores más excluidos, sostener a las familias que día a día se suman a los comedores escolares y comunitarios, garantizar el acompañamiento frente a la problemática de las adicciones, revalorizando las redes de solidaridad y el respeto por la vida digna de cada persona.
En este marco, en cada movilización del Frente Sindical y Social Rionegrino se exige la implementación de siete leyes urgentes y necesarias para los sectores populares: la Emergencia Alimentaria, la urbanización de barrios populares y la suspensión de desalojos, una Ley de Agricultura Familiar, una Ley de Emergencia en Adicciones. La ley de emergencia en violencia contra las mujeres, la prórroga de la emergencia social y un proyecto para que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativistas. Son medidas de política pública que bien pueden implementar tanto el gobierno nacional, como el provincial, si realmente tiene la intención de brindar al pueblo, la oportunidad de desarrollarse de manera integral, con equidad y justicia social.
Gral. Roca-Fiske Menuco, 2 de junio de 2019.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
