Este 5 de junio es un día especial, un día para celebrar un fallo trascendental de la Corte Suprema de la Nación que finalmente confirmó la constitucionalidad de la Ley de protección de Glaciares y del ambiente periglaciar. El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad realizada por la empresa minera Barrick Gold y sus subsidiarias, con el apoyo del gobierno de la provincia de San Juan.

El fallo reconoce que, independientemente de que las provincias tengan dominio sobre sus “recursos naturales” (art. 124 de la C.N.) la protección del ambiente es una tarea conjunta del Gobierno nacional y de las provincias. Sostiene, también, que “cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente –que involucran, en el caso de los glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad”. En ese sentido, advierte que la Ley de Glaciares resalta la función de los glaciares y del ambiente periglaciar como reserva de agua.

Este fallo es motivo de alegría, y debe dar nuevo impulso a las luchas y resistencias en contra de la devastación de los territorios frente a una situación ambiental que es absolutamente alarmante.

Las formas que nuestras sociedades han desarrollado para intervenir sobre la Naturaleza y satisfacer sus necesidades, sin atender los límites que impone el sistema natural, con modelos económicos que buscan la acumulación de capital, promueven el consumo y crean permanentemente nuevas necesidades, han llevado no solo a la exclusión social, sino también a la destrucción de la Naturaleza, sustento último de la vida.

La contaminación de agua, suelo y atmósfera es hoy un hecho en prácticamente todos los rincones del Planeta. Los niveles de pérdida de biodiversidad y alteración de ecosistemas son alarmantes. El calentamiento global, como una amenaza acuciante que, probablemente, será un factor determinante en las decisiones de índole social, económica y política de las próximas décadas. 

En este contexto, en el que más que nunca es necesario proteger, preservar y promover el mayor cuidado sobre los bienes naturales comunes, en nuestro país y en nuestra provincia se promueven modos de extracción y producción absolutamente dañinos para la salud de los ecosistemas y de las personas: la minería metalífera, la expansión hidrocarburífera, el agronegocio, la sobre explotación pesquera, entre otros. Proyectos que se presentan bajo el discurso del “desarrollo” y de la tan necesaria creación de puestos de trabajo, pero que tienen como eje la extracción de materias primas para su exportación sin prácticamente valor agregado, con una bajísima intensidad laboral, y que gozan de numerosos beneficios fiscales y subsidios.

En contrapartida, sectores cada vez más importantes de la población perciben que este tipo de proyectos, lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales, contaminan, producen profundos desequilibrios sociales, y vulneran derechos territoriales de pueblos y comunidades originarias. Lamentablemente, las pruebas están a la vista: los derrames de cianuro en Veladero; los pueblos (y las escuelas) fumigados; la pérdida de bosques y vegetación nativa; Vaca Muerta, con el avance sobre territorios de pueblos originarios y cada vez más muertes de trabajadores y trabajadoras; las y los campesinos y productores familiares de todo el país que ven sus medios de vida amenazados por la fragmentación de la tierra y la falta de apoyos.

Así, vemos en el país y en toda la región una creciente resistencia de las comunidades potencialmente afectadas por estas propuestas de “desarrollo”. Sin ir más lejos, en nuestra provincia, la lucha contra la instalación de una planta nuclear en la localidad de Sierra Grande hace poco más de un año.

Desde la UnTER demandamos a los gobiernos en todos sus niveles el cumplimiento de su deber de garante y denunciamos la escasa implementación de la normativa ambiental, así como los permanentes intentos por flexibilizarla, derogarla, o recurrir fallos de la justicia que buscan la protección de la población y los ecosistemas.

Demandamos, entre otras cosas:

El estricto cumplimiento de la Ley General del Ambiente (25675), exigiendo decisiones  que garanticen  una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable;

Que se asegure la implementación de la Ley de Bosques (26331) y de la Ley de Glaciares 26639, con los medios y presupuestos necesarios. El reciente fallo de la Corte Suprema es claro en cuanto a la prevalencia del derecho al ambiente frente a intereses privados;

La restitución de la Ley Anti-cianuro de Río Negro, conseguida a partir de la lucha popular y derogada a espaldas del pueblo en 2011;

Que se garantice el derecho a la consulta y participación de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos que puedan afectar sus territorios o medios de vida.

Que se promueva un debate amplio sobre el sistema energético, no solo respecto de la fuentes –hidrocarburos, nuclear, renovables- sino también en términos de acceso y democracia energética.

Que se ponga en discusión el tipo de producción agropecuaria: la producción dominante, que privilegia al agronegocio y genera altos riesgos ambientales, o una producción orientada al logro de la seguridad y soberanía alimentaria.

Que se emprendan acciones inmediatas de remediación y saneamiento de cuencas y tierras urbanas contaminadas.

Insistimos en que es necesario promover un debate amplio y verdaderamente democrático acerca del proyecto de país al que aspiramos, la única forma de asegurar una transición hacia sociedades más justas y respetuosas de la vida.

Desde la UnTER trabajamos permanentemente para contribuir con este proceso.

Como organización de trabajadores de la educación nos sabemos actores fundamentales a la hora de construir una conciencia crítica e informada. Asumimos cada día el compromiso y la responsabilidad de construir resistencias, así como de aportar a la construcción de alternativas desde nuestro campo específico de acción, desde las aulas, en el ámbito sindical y en las calles, junto con todos y todas quienes luchan por otros mundos mejores.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 5 de junio de 2019.

Laura Maffei, Coordinadora Depto. Prov. Chico Mendes – UnTER.
Héctor Roncallo, Coordinador, Depto. Prov. Chico Mendes – UnTER.
María Inés Hernández, Secreatria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General