A Daniel Solano lo mató la policía. A su papá Gualberto, la impunidad. Desde el 5 de noviembre de 2011, cuando tres policías sacaron a Daniel del boliche Macuba en Choele Choel, la lucha por Verdad y Justicia no cesa.

Los largos tentáculos de los negociados entre sectores policiales, judiciales, políticos y económicos en la provincia, se extienden incluso después que el tribunal determinara la condena a perpetua para los siete policías que lo desparecieron y lo asesinaron. Por esta razón, existen más de cien casos impunes en Río Negro. Sin importar los cambios de gobierno, la violencia es estructural en la institución provincial, avalada por funcionarixs corruptxs y parte de la sociedad que prefiere mirar para otro lado.

El contexto actual de pandemia, puso una vez más en evidencia que la violencia institucional se fortalece contra los sectores populares. Se incrementaron las denuncias por represión contra jóvenes en los barrios, detenciones ilegales y malos tratos. Ser joven, originario, migrante, pobre, es delito para algunxs.

Esta matriz de impunidad, también ha naturalizado las redes de trata para la explotación laboral de lxs trabajadorxs rurales. El trato inhumano contra los “golondrinas” es parte de lo anecdótico en los medios de comunicación, cuando los dejan abandonados a su suerte en cualquier terminal. En estos precisos momentos, hay obreros rurales en la línea sur, soportando un invierno extremadamente helado, sin abrigo, ni provisiones, al cuidado de los puestos, que son parte de las Estancias de los terratenientes que se fueron apropiando de los territorios y pagan dos mangos de impuestos.  Hay empresarios, como la familia Trappa, dueños del monopolio de Vía Bariloche, acusados de trata que siguen ganando concesiones en el trasporte urbano e interurbano en toda la provincia.

Este 1 de agosto recordamos a Daniel, a Gualberto, a Santiago Maldonado, a Rafita Nahuel, exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, los nombramos porque no son casos aislados, son las víctimas concretas de la violencia del Estado, que sigue protegiendo a los asesinos.

En tiempos complejos, el aislamiento no nos impide seguir unidxs, tejiendo las redes solidarias, con los hilos de la memoria hasta que logremos que la Verdad y la Justicia sean una realidad. Exigimos que digan dónde está el cuerpo de Daniel. Cárcel común y efectiva para los siete policías. Juicio y Castigo para todos los responsables ideológicos y los cómplices del crimen.  Nunca más desaparecidxs en democracia.

Villa Regina, 1 de agosto de 2020.

María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.
Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.
Sandra Schieroni, Secretaria General.