El 8 de marzo, mujeres y disidencias volveremos al paro y a las calles, para visibilizar que sin nosotres no funciona el mundo del trabajo, y también para denunciar todas las formas de violencia machista y patriarcal que atraviesan nuestras vidas.

El Congreso de UnTER ratificó por unanimidad la adhesión y convocatoria al Paro internacional de mujeres y disidencias. Definición política, tomada por sexto año consecutivo, que pone en debate el avasallamiento de derechos de las mujeres, lesbianas, personas trans, no binarias y travestis en el mundo del trabajo y en cada espacio donde se pretende desarrollar una vida libre de violencias por cuestiones de género.

Desde el primer Paro Internacional de Mujeres hasta hoy, la propia dinámica de los feminismos ha permitido sostener el eje central de la convocatoria resignificando los protagonismos y ampliando la mirada sobre las opresiones que sufren los colectivos. Por ello, en estos seis años hemos luchado por el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre sus cuerpos, a vivir libremente la identidad sexual autopercibida, al acceso equitativo al trabajo, la educación, la justicia y también el derecho al goce, entre otros puntos, que lxs trabajadorxs de la educación discutimos con el mismo ímpetu en las aulas y en las calles.

Es una realidad que el sistema capitalista y patriarcal necesita, para seguir reproduciéndose, de mujeres y disidencias, calladas y sumisas frente a la desigualdad laboral, las violencias y la ausencia de perspectiva de género en el ámbito judicial, del trabajo y la política. Por esta razón esta acción colectiva de las mujeres y disidencias de parar en los espacios públicos y privados permite demostrar que sin nuestra presencia el mundo deja de funcionar.

Visibilizar que la herramienta que tiene el patriarcado para mantener su poder opresor es la violencia en sus múltiples facetas y tiene sus consecuencias. Los que siempre gozaron de privilegios reaccionaron.  Primero intentaron banalizar el movimiento, instalando una falsa confrontación entre varones y mujeres, cuando la disputa es contra la cultura machista y patriarcal que justifica las desigualdades. Después, tratando de cooptar el movimiento, impulsando un discurso punitivista y sectorizando las responsabilidades, promoviendo un “como sí” para que nada cambie.

Ejemplo de ello son los medios hegemónicos que, si bien, comenzaron a dar espacio para las denuncias; mantienen comentaristas y programas que naturalizan la cosificación de las mujeres, cuestionan las identidades diversas y naturalizan el morbo de lxs panelistas al momento de analizar situaciones tan duras como es la violación grupal. Una doble vara permanente, que invisibiliza la desaparición de Tehuel de La Torre y que, en vez de celebrar, revictimiza a una mujer que es hallada después de días de búsqueda. 

Esta manipulación del relato, se permite poner en cuestión la tarea desarrollada por el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros, de las diferentes secretarías, e incluso de los movimientos feministas. Frente a las estadísticas sobre delitos por violencia de género, ya no se animan a decir que la culpa es de la víctima, pero lo dejan entrever; no reconocen el derecho de las sobrevivientes de hablar cuando lograron empoderarse, sentirse acompañadas para recuperar la palabra; bestializan a los violentos, como si no fueran hijos sanos del patriarcado.

Es fundamental resignificar sentidos, los crímenes por cuestiones de género, el odio contra las personas trans, no binarias, homosexuales y lésbicas ya no se silencian, se denuncian. Es una falacia decir que ahora hay más delitos, lo que sucede es que llegan a los titulares.  Lo que hace falta, es que las denuncias activen inmediatamente los protocolos de actuación, que las redes de acompañamiento se hagan efectivas, que la Ley Micaela se aplique en todos los organismos, que la perspectiva de géneros atraviese cada espacio, que la ESI se implemente en todas las escuelas, como un derecho de las infancias.

Tenemos leyes que deben cumplirse, entre ellas la 26.485, cuya denominación expone la mirada integral que debe tener el Estado frente a la violencia por razones de género. Habla sobre la prevención, sanción y erradicación; es decir sobre la obligación de brindar acompañamiento antes, durante y después de cometido el delito.  Se previene cuando se educa sobre la desnaturalización de conductas, cuando se resignifican las identidades, cuando se ponen en cuestión el concepto de lo masculino, como sinónimo de poder, que también oprime a los varones. Prevenir también es cuestionar, poner en tensión y modificar conductas.

Sancionar no implica necesariamente endurecer las penas, por eso exigimos una justicia feminista que no le sume más dolor al dolor, que no permita la revictimización, que no obligue a relatar una y otra vez. Que agilice los tiempos y que apunte a la reparación. Vale tanto para los caminos judiciales como para los administrativos. En Río Negro contamos con un protocolo de actuación para situaciones de violencia laboral, construido de manera colectiva en el área de Género de la CTIO, que debe discutirse en cada organismo público, estatal y privado. Sin embargo y a pesar de los anuncios oficiales, desde el mismo Estado se relentizan los debates. Un hecho significativo es que la aplicación de la Ley Micaela, termina siendo un trámite optativo e individual, cuando requeriría que lxs funcionarixs se apropien de esta norma que es absolutamente necesaria, si se quiere avanzar realmente en la erradicación de las violencias.

Este 8 M, ratificamos como eje de lucha el reclamo por el no pago de la deuda ilegal e ilegítima al FMI, porque las luchas sociales van indefectiblemente unidas a lo económico. Someter al país a las políticas de la banca internacional, siempre implicó un empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas. El aumento del desempleo y la pobreza impacta directamente en las mujeres, disidencias, jóvenes y adultxs mayores que son el grueso del mercado precarizado, cuentapropista. En estos contextos se incrementa la violencia intrafamiliar y social. Aunque el seudoperiodismo intente ocultarlo, hay responsables directos que tomaron esa deuda que empeñó a la Argentina por 100 años y después se la fugaron. ¡Que se investigue a los responsables ideológicos y políticos de estos delitos y que la paguen ellos! 

Por estas y muchas razones más, las trabajadoras de la educación vamos al paro, a recuperar las plazas y las calles, para reafirmar lo que hacemos cada día en las aulas, acompañando a las infancias libres, enseñando y aprendiendo nuevas construcciones vinculares, en el marco del respeto, incluyendo y abrazando cada identidad autopercibida, desmontando discursos políticos retrógrados que a falta de propuestas, pretenden subestimar nuestros justos reclamos y políticas demagógicas que hablan mucho y hacen poco.

Este 8 de marzo resonarán las calles una vez más, saldremos a las calles con unidad y organización en un día de paro transfeminista e internacional para exigir que se cumpla con las leyes que existen por acceso a la salud, la educación y la justicia, para visibilizar lo que todavía falta por hacer, para denunciar a quienes pretenden frenar esta marea verde y violeta que ya no retrocede. Marcharemos para reafirmar el compromiso de lucha por una sociedad con equidad, sin discrimación, donde cada persona goce de todos los derechos en consonancia con la construcción colectiva de un mundo donde quepan todos los mundos.

8 M Paro internacional y transfeminista de mujeres y disidencias

La deuda es con Nosotras y nosotres

Que la paguen los que la fugaron!

Gral. Roca- Fiske Menuco, 6 de marzo de 2022.

María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.
Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.
Sandra Schieroni, Secretaria General.