El ataque contra las instituciones democráticas en Brasil, a una semana de la asunción de Lula Da Silva, es una nueva señal de alerta respecto de la fragilidad democrática en países donde ganan referentes de los sectores populares. La reciente destitución de Pedro Castillo en Perú, los intentos de desestabilización económica en Perú, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta en Argentina, son los ejemplos más recientes de cómo actúa la derecha neofascista en la región.
No son hechos aislados. No es producto de un par de delirantes que no saben vivir en democracia. Desde hace años, en los documentos de política gremial de UnTER hemos expuesto la preocupación frente a las estrategias globales de la ultraderecha por imponer su voluntad a través de los discursos de odio, el segregacionismo y la antipolítica.
No es casual que el ataque contra el Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump, que no aceptaban la derrota en enero del 2021, se emparente tanto con el accionar de hoy de los bolsonaristas. Tampoco la avanzada de sectores del poder judicial con causas armadas contra los poderes legislativos y el ejecutivo. Así, lograron destituir de Dilma Rousseff, encarcelar a Lula. Trataron de imponer el mismo modelo en el resto de países de la región, con el único objetivo de allanar el camino para que los representantes de la derecha regresaran al poder por voto popular y pudiesen imponer sus políticas de hambre.
Está claro que el bolsonarismo no logró articular con todos los sectores de las fuerzas armadas y policiales para concretar un golpe de estado, por ello intenta generar el caos y provocar enfrentamientos entre el pueblo. Es una realidad que la sociedad brasileña está dividida, como lo están la mayoría de los pueblos latinoamericanos, entre quienes seguimos defendiendo al democracia y la plena vigencia de los derechos humanos y quienes apuestan a llevar al poder a sectores que reivindican el autoritarismo, la meritocracia y la exclusión, aún cuando después sean las primeras víctimas de estas políticas.
Que la mitad de la población acepte votar contra sus propios intereses es producto de la cooptación por parte del poder hegemónico de sectores de la política y la justicia, con el apoyo de medios de comunicación que se venden al mejor postor, aunque se vistan de independientes.
Afortunadamente, el apoyo internacional a Lula fue inmediato, pero no alcanza. Urge llevar a la práctica los principios fundantes de la UNASUR, reconstruir los vínculos económicos y políticos de todos los países de la Patria Grande para coordinar las estrategias necesarias para frenar la avanzada neoliberal y fascista que solo traerá más violencias a nuestros pueblos. Como así también, es imprescindible que se ponga un límite a estos actos desestabilizadores, que lxs responsables ideológicos y materiales sean juzgados y condenados. No pueden tener ningún tipo de inmunidad política en toda la región quienes atentan contra sus compatriotxs.
Como trabajadorxs de la educación tenemos muy en claro que también debemos ser protagonistas de esta lucha, porque somos parte de la clase trabajadora, tenemos la firme convicción de que es fundamental defender y sostener la democracia que logramos recuperar y por la que miles de compañerxs dieron la vida en todo el territorio en América Latina. Para ello, las organizaciones del sector popular de cada país debemos unificar las luchas, identificar al verdadero enemigo y defender en cada espacio donde nos toque actuar la plena vigencia de todos los derechos para todxs.
General Roca-Fiske Menuco, 8 de enero de 2023.
María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Pablo Holzmann, Secretario de prensa, Comunicación y Cultura
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto
Silvana Inostroza, Secretaria General
