UnTER repudia el anuncio del gobierno nacional respecto del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI-. Esta definición demuestra, una vez más, el absoluto desprecio del Presidente Javier Milei y su gabinete a las leyes que sustentan un modelo social respetuoso de los derechos humanos en el marco de una sociedad más justa e inclusiva.
Debemos recordar que el INADI fue creado por Ley 24.515 en 1995, luego de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Por consiguiente, para cerrarlo debería derogarse esta norma en el ámbito correspondiente. Otra evidencia del desconocimiento del funcionamiento del Estado por parte del gobierno. Frente al fracaso de la Ley Ómnibus, recurre al DNU y trata de imponer su voluntad de avanzar en contra del reconocimiento y protección de derechos contra todo tipo de discriminación.
En un contexto de crisis socioeconómica, en el que el ajuste lo pagan las clases populares, la desigualdad crece a pasos agigantados, sin recursos para educación, becas y comedores, con miles de pacientes oncológicos condenados a muerte por el cese de la entrega de medicación, el anuncio del desmantelamiento del INADI es una perversión digna de un gobierno cada vez más cercano al fascismo, cuyo presidente se ufana de su accionar discriminador, misógino y violento.
Los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni son también repudiables, haciendo alarde de su absoluto desconocimiento de la realidad social, anuncia la desarticulación de organismos que “no sirven para nada”. Durante 29 años, el trabajo del INADI ha sido reconocido por su integralidad. Desde la recepción de denuncias, mediación, asesoramiento, formación de promotorxs para desnaturalizar formas de pensar y actuar que durante años legitimaron la xenofobia y el racismo. Con el objetivo de desmontar las lógicas discursivas de la crueldad, las mismas que estallan en las escuelas como acoso entre estudiantes que muchas veces tiene consecuencias trágicas.
Como trabajadorxs de la educación exigimos que el Poder Legislativo y la Justicia cumplan con su deber, hagan valer la legislación vigente y frenen esta avanzada de mercantilización de la vida.
Es necesario recordar que el voto mayoritario que llevó a la dupla Milei-Villarruel al poder no significa que se les otorgó el derecho a destruir todo, desconociendo la tarea de diputadxs y senadorxs. Son ellxs quienes deben ejercer como mecanismo de control en defensa de la democracia. Deben estar a la altura, ponerse al lado de la clase trabajadora que va ocupando las calles exigiendo por sus derechos conquistados. Si no lo hacen, serán cómplices y así los juzgará la historia y el pueblo.
General Roca – Fiske Menuco, 23 de febrero de 2024.
María Inés “Lua” Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Pablo Holzmann, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto
Silvana Inostroza, Secretaria General
