Entendemos que dichas restricciones y/o bajadas unilaterales que se realizan a las supervisiones y equipos directivos generan, por un lado, confusiones en cuanto a la toma de decisiones, y por otro, situaciones de conflicto en el colectivo docente que podrían evitarse si el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, desde cada Consejo Escolar respetara plenamente lo establecido en la Resolución 3310/18, entendiendo que el Decreto 652/12, quien facultaba directamente a los mismos en la toma de decisiones en cuanto a la suspensión en todos sus aspectos, fue derogado en marzo del año 2018.

La Resolución 3310/18 establece claramente en su Art. 2, que será facultad del Consejo Escolar tomar las decisiones cuando dicha problemática afecte a una zona en general, como, por ejemplo, inclemencias climáticas anunciadas a través de un informe de Defensa Civil. En cuanto a este punto denunciamos el accionar tardío para la toma de definiciones y comunicación de las mismas, poniendo en peligro a las comunidades educativas, y responsabilizamos a este Gobierno a través de su Ministerio de cualquier situación que genere hechos que atenten ante la seguridad de los diferentes actores de los establecimientos educativos. Por otra parte, en el Art. 3, otorga facultades a los equipos Directivos y Supervisivos a resolver y tomar definiciones al respecto en problemáticas que afecten directamente a una institución, garantizando de esta forma que se respeten las condiciones mínimas de Higiene, Seguridad y Habitabilidad de los mismos, asumiendo la responsabilidad de informar al Consejo Escolar dicha definición, para que de esa manera, el Gobierno resuelva en la inmediatez el problema y las actividades se retomen a la brevedad.

Desde la Secretaría de Salud en la Escuela de nuestra organización, junto al equipo de Delegados de Salud de las diferentes zonas, se viene realizando un trabajo articulado con las seccionales de la provincia y sus delegadxs de escuela, en lo que respecta a dicha resolución.

Como sindicato, entendemos que como trabajadorxs de la educación debemos conocer nuestros derechos, como así también, nuestras obligaciones en cuanto a las funciones que nos competen dentro de las instituciones escolares y trabajamos sistemáticamente en pos de brindar la información/formación necesaria para que puedan hacerlo.